Los núcleos aruquenses que se incluyen son El Puertillo, Quintanilla y San Andrés

1 ago 13. Mario Pérez firmó hoy el escrito de remisión al Ministerio de los núcleos afectados por la modificación de la Ley en aquellos municipios que han optado por tramitar el expediente a través del Ejecutivo autonómico

El viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Mario Pérez, ha firmado hoy la remisión al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente del listado disponible en la Viceconsejería de aquellos núcleos costeros afectados por la Ley 2/2013 de 29 de mayo, de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

La nueva normativa establecía un plazo de tres meses para que la administración con competencias en materia de clasificación del suelo le remitiese el listado de todos aquellos núcleos costeros catalogados como urbanos después de 1.988, por lo que la servidumbre de protección que les afecta ha pasado o debe pasar desde los 100 metros establecidos con carácter general, a los 20 permitidos en las zonas urbanas.

Por esta razón, el Gobierno de Canarias organizó reuniones con los responsables municipales de ambas provincias, para que le remitiesen los documentos sobre todos aquellos núcleos afectados por la norma antes de dos meses, y así poder enviarlos al Ministerio. Eso sí, dejando abierta la puerta a que el ayuntamiento que lo deseara, haciendo uso de su autonomía, lo remitiese directamente al Estado.

De ahí que el listado que se remite al Ministerio se haya elaborado a partir de los expedientes recibidos desde los ayuntamientos que escogieron presentar los documentos a través de la Comunidad Autónoma, sin que se pueda considerar exhaustivo de todas las afecciones que la nueva ley genera en el Archipiélago.

Además, si bien el Gobierno de Canarias entiende que el apartado 3 de la disposición transitoria 1ª de la Ley sólo se refiere a los núcleos costeros clasificados como urbanos con posterioridad a 1988 y que los que se quieran clasificar a partir de ahora tienen dos años para completar el expediente, la indefinición del texto normativo ha llevado a que varios ayuntamientos hayan querido ser exhaustivos y solicitaran la remisión de todos sus núcleos costeros, independientemente de la situación en la que se encuentran.

De este modo, el Gobierno de Canarias remitirá un listado de en torno a 50 núcleos afectados por la Ley, pertenecientes a 21 municipios diferentes:

1-T.M. de Ingenio
1.-EL BURRERO

2-T.M. de Agüimes
1.-PLAYA DE ARINAGA Y MUELLE VIEJO

3.-T.M. de San Bartolomé de Tirajana
1.-TODOS LOS NÚCLEOS
2.-SALINAS DEL MATORRAL

4.-T.M. de La Aldea de San Nicolás
1.-PLAYA DE LA ALDEA

5.-T.M. de Agaete
1.-PUERTO DE LAS NIEVES

6.-T.M. de Guía
1.-SAN FELIPE
2.-CALETA

7.-T.M. de Arucas
1.-SAN ANDRÉS
2.-EL PUERTILLO
3.-QUINTANILLA
4.-EL PUERTILLO: CHACÓN-LAS COLORADAS

8.-T.M. de Teguise
(16-07-2013/7426) 1.-EL PEREJIL
2.-EL FRANCÉS
3.-COSTA TEGUISE
4.-CHARCO DEL PALO
5.-LOS COCOTEROS
6.-LAS CALETAS
7.-CALETA DE CABALLO

NÚCLEOS ARCHIPIÉLAGO CHINIJO:
8.-PEDRO BARBA
9.-CALETA DE SEBO
10.-CALETA DE FAMARA
11.-ISLAND HOME


9.- T.M. Valle Gran Rey (La Gomera)

10.- T.M. La Frontera (El Hierro)
1.-El Pozo
2.-Las Puntas

11.- T.M. Valverde (El Hierro)
1.-La Caleta
2.- Temijiraque

12.-T.M. Barlovento (La Palma)
1.- La Fajana

13.-T.M. Breña Baja (La Palma)
1.- Los Cancajos

14.-T.M. Villa de Mazo (La Palma)
1.- La Salemera
2.- La Cangrejera

15.-T.M. San Andrés y Sauces (La Palma)
1.- San Andrés
2.- Puerto Espíndola

16.-T.M. Puerto de Tazacorte (La Palma)

1.- La Bombilla

17.-T.M. Guía de Isora (Tenerife)

1.- Salinas de Fonsalía
2.- Varadero ¿ Punta Negra

18.-T.M. Tacoronte (Tenerife)

1.- Mesa del Mar
2.-Prixmar
3.-El Pris

19.- T.M. Santa Cruz de Tenerife (Tenerife)
1.- Igueste de San Andrés
2.-Tachero
3.- Playa del Roque
4.-Almáciga


20.-T.M. Los Silos (Tenerife)
1.- Sibora ¿ El Puertito
2.- La Caleta de Interián

21.-T.M. La Victoria de Acentejo (Tenerife)
1.- La Palmita

La Viceconsejería de Política Territorial ha tomado la decisión de remitir todos estos núcleos, ante el imperioso plazo, de sólo 3 meses, dado por la Ley para presentar el listado de los núcleos calificados con urbanos con posterioridad a 1988, para ser evaluados y sometidos a un nuevo informe por parte del Ministerio. Una actuación que, a juicio del Gobierno de Canarias, es manifiestamente inconstitucional por su carácter retroactivo y que, además, podría generar numerosos problemas en Canarias, al generar que se pudiesen ampliar a 100 metros zonas de servidumbre en lugares que los planeamientos municipales consideran urbanos y, en los que, por lo tanto, la servidumbre de costas no debería superar los 20 metros.

Por todo esto, Mario Pérez señaló que el Gobierno seguirá adelante con la presentación del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley, que ya fue autorizado por el Consejo de Gobierno el pasado 11 de julio.

En concreto, el Gobierno entiende que existen al menos cuatro aspectos concretos que podrían ir en contra de lo dispuesto en la Carta Magna. En primer lugar, el apartado 38, del artículo primero de la norma supondría una clara vulneración de la autonomía local. El texto establece que "la Administración General del Estado podrá suspender en vía administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la servidumbre de protección." El Gobierno entiende que la capacidad para anular decisiones municipales corresponde en nuestro ordenamiento jurídico sólo a los Tribunales de Justicia, por lo que se estaría otorgando a los Delegados y Delegadas del Gobierno un poder de decisión y control sobre la autonomía municipal que vulneraría el actual reparto competencial. De hecho, el consejero de Obras Públicas del Gobierno autonómico, Domingo Berriel, ha llegado a calificar esta parte del artículo como "la de la vuelta de los Gobernadores Civiles de la etapa predemocrática".


Otro motivo, es que la Ley vulnera el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la Ley, por el trato diferenciado que hace de varios núcleos peninsulares, sin la adecuada motivación. El texto legislativo establece hasta doce núcleos peninsulares que son catalogados como excepciones en la obligación que tiene el Estado para la protección del dominio público marítimo-terrestre. En su disposición adicional séptima, la norma considera que "los terrenos en los que se asientan dichos núcleos no son necesarios para la protección o utilización del dominio público" y que "se trata de áreas de viviendas históricamente consolidadas y altamente antropizados". El Gobierno de Canarias entiende que en esas circunstancias hay numerosos núcleos en las islas que, además, cuentan con un alto valor etnográfico y que no han sido tenidas en cuenta en la Ley, por lo que se produce un trato discriminatorio e inconstitucional hacia las Islas.


La norma, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado día 30 de mayo, establece en el apartado 12 de ese mismo artículo primero que se desarrollará un reglamento con el régimen de ocupación y uso de las playas y, más adelante, habla de que "podrá autorizarse la celebración de aquellos eventos de interés general con repercusión turística¿". A este respecto, el Consejo considera que supone un factor más para respaldar la presentación del recurso de inconstitucionalidad por invasión de las competencias autonómicas, al arrogarse facultades de ordenación en playas y zonas de servidumbre de protección, que corresponden exclusivamente a las Comunidades Autónomas, mientras que el Estado sólo puede fijar unos máximos y mínimos para el uso de dichas zonas.

Por último, el motivo que ha llevado a la remisión de los expedientes al Ministerio. La disposición transitoria primera de la Ley impone a las autoridades con competencias en la clasificación del suelo la obligación de remitir en un plazo máximo de tres meses un informe en relación a todos los núcleos situados en zona de servidumbre de protección y que se pretenda clasificar como urbanos o se clasificasen como tales con posterioridad a la Ley de Costas de 1988. Este hecho supone, de facto, la retroactividad de la Ley, puesto que obliga volver a demostrar que son urbanos terrenos que ya están clasificados como tales y dejar esa categorización a expensas de lo que decida el Ministerio de Medio Ambiente ¿eso sí, en un plazo de 18 meses, 6 veces más largo que el otorgado para presentar los informes-.

El Gobierno considera que este último punto no sólo es inconstitucional por su retroactividad, sino que además tendrá efectos nefastos y podría incluso dar lugar a responsabilidad patrimonial por parte de las administraciones, si el Ministerio entiende que núcleos considerados urbanos y que, por tanto, tienen el deslinde establecido a veinte metros del dominio público, no lo son en realidad, por lo que habría que incrementar la zona de servidumbre hasta los cien metros que fija la Ley.

http://lavozdetenerife.com/not/44160/el_gobierno_de_canarias_remite_al_estado_el_listado_de_nucleos_costeros_afectados_por_la_modificacion_de_la_ley_de_costas/

Busca amnistiar a los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo

14 may 13. Otro ninguneo hacia Canarias por parte del gobierno de Rajoy, que convierte en carne de piqueta a casi todos los núcleos costeros de estas islas, obliga a los ayuntamientos como el de Arucas a ponerse las pilas para salvar los barrios costeros del apetito especulativo que aguarda detrás de esta Ley que busca satisfacer el insaciable hambre de cemento de los de siempre. Si bien en islas como Formentera, salvada por completo, y en distintas zonas costeras del estado español el gobierno ha sido vehemente, en el caso de Canarias se han ensañado sin piedad pretendiendo arrasar sin contemplación cualquier vestigio de edificación cercana al mar, casi siempre de trabajadores y gente humilde mientras hace la vista gorda con hoteles y residencias vips.

El Ayuntamiento de Arucas anunció en el pasado Pleno que la Concejalía de Urbanismo y la Sociedad Municipal para el Desarrollo de Arucas habían recibido una nota interna de fecha 30 de abril para la elaboración del catálogo de viviendas del municipio afectadas por la nueva Ley de Costas, ya que tras su aprobación definitiva y en el anexo de la misma no constaban como núcleos poblacionales los barrios de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo, y así poder ser amnistiados.

Ante tal situación, el Ayuntamiento ha iniciado los trámites internos para que se realice el catálogo de las viviendas afectadas por la Ley de Costas con el objetivo de intentar que la Administración Central española considere a los núcleos costeros de San Andrés, Quintanilla y El Puertillo dignos de ser excluidos en la zona de servidumbre del dominio marítimo-terrestre y evitar así su demolición.

Los núcleos costeros de El Puertillo, Quintanilla y San Andrés podrían salvarse de la piqueta

21 mar 13. Los núcleos costeros del norte de Gran Canaria -entre Arucas y Santa María de Guía- otros tres de Tenerife y uno en La Gomera a los que la ley de Costas condenaba al derribo podrían salvarse de la piqueta otros 75 años más tras la decisión de las Cortes de flexibilizar en la reforma normativa las condiciones exigibles para su pervivencia. Los senadores del PP lograron a última hora del martes que la dirección de grupo parlamentario aceptara una enmienda que modifica, de forma mínima, el texto que se aprobó en el Congreso de los Diputados el 19 de febrero pasado a instancias del ministerio de Medio Ambiente según informa el periódico La Provincia.

Los barrios que verían alejarse la piqueta serían, en Gran Canaria: El Puertillo, Quintanilla, San Andrés, El Altillo, Charca de San Lorenzo, San Felipe, Caleta de Arriba, Caleta de Abajo o La Furnia; en Tenerife: Igueste de San Andrés, Taganana y Almáciga; en La Gomera, el litoral de Valle Gran Rey. Todos ellos son núcleos que ya existían antes de la entrada en vigor de la ley actual, en 1988, y que en 2018 debían proceder al derribo.

Fuente y foto: La Provincia.

Decenas de núcleos tradicionales costeros podrían acabar siendo demolidos

La reforma de la Ley de Costas, a punto de ser aprobada tras su paso por el Senado, puede suponer el derribo de al menos setenta núcleos de población canarios, algunos de ellos con casas de más de doscientos años de antigüedad. Mientras que en la península y Baleares se salvarán miles de viviendas irregulares, pueblos enteros y toda la isla de Formentera, la ley se ensaña con Canarias, que no ha conseguido la amnistía para ninguno de sus asentamientos históricos

“Aquí va a pasar como con los desahucios; hasta que no empiece a suicidarse la gente, no cambiarán la ley”. Antonio Alonso, miembro de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC), no encuentra mejor manera de ilustrar qué efectos va a tener la modificación de esta norma en las Islas Canarias. Según sus cálculos, en el archipiélago hay unas 10.000 edificaciones afectadas, repartidas en 109 núcleos costeros tradicionales, de los cuales más de setenta están seriamente amenazados por la piqueta. Todos, en mayor o menor medida, incumplen la nueva normativa, cuya modificación más relevante es la reducción de 100 a 20 metros de la zona de servidumbre de protección. Esto, que se ha interpretado como una amnistía para cientos de edificaciones y que puede abrir la puerta a un nuevo ladrillazo en toda España, apenas afectará a los núcleos costeros tradicionales canarios, muchos de los cuales tienen casas construidas dentro del deslinde del Dominio Público Marítimo Terrestre, algunas con sentencia firme de derribo dictada por el Tribunal Supremo. Ejemplo de ello son los barrios de Tufia y Ojos de Garza, en Telde (Gran Canaria), donde distintas autoridades canarias están presionando para que al menos se retrase la demolición hasta que los propietarios no sean realojados.


El senador de El Hierro por CC, Narvay Quintero, ha intentado introducir, entre otras enmiendas a la ley, una que recogiera el valor etnográfico, arquitectónico e histórico de muchos de estos núcleos poblacionales, pero no ha conseguido su propósito. “Hay un claro agravio comparativo. En la reforma figuran hasta doce pueblos indultados en la península con similares condiciones que otros canarios. Hace unos días metieron con calzador Moaña, en Pontevedra, y Xilxes, en Castellón, mientras que no se salva ni un solo pueblo del archipiélago. Se están riendo de nosotros”, señala el senador herreño.

Precisamente, la isla El Hierro reúne similares características que Formentera, ‘amnistiada’ en la nueva normativa “debido a su especial configuración geológica”. “No pretendemos que quiten ese estatus a Formentera, pero también se lo podían dar a El Hierro”, añade Quintero, que no sólo carga las tintas contra el Gobierno central: “Los políticos canarios tenemos nuestra parte de culpa por no haber hecho la defensa necesaria de las poblaciones afectadas”. No duda, por otra parte, que el hecho de que no haya un pacto de Gobierno entre el PP y CC “ha influido decisivamente en que Canarias se vea perjudicada frente a otras comunidades.



Del valor etnográfico de sus casas dan cuenta Montserrat Acosta y Daniel Morales, presidenta y secretario de la Asociación de Vecinos del Pozo de las Calcosas, un asentamiento de El Hierro que cuenta con edificaciones de más de doscientos años de antigüedad a pie de mar y que está condenado a desaparecer si se aprueba la nueva normativa.



“Hemos intentado mantener el estilo arquitectónico tradicional, construyendo las casas con piedra, madera y colmo, la paja del centeno. No son casas de residencia habitual sino que se ocupan un mes al año, en agosto, con la llamada ‘mudada’, un cambio de residencia estacional que se viene practicando en El Hierro desde el siglo XVII”, afirma Montserrat. Salvo dos o tres construcciones, todas datan de antes de 1988, fecha en que se aprobó la Ley de Costas. En principio, deberían quedarse en pie, pero no cumplen ninguno de los dos requisitos que contempla la nueva normativa: que antes de esa fecha tuvieran agua, luz, acceso rodado y sistema de evacuación de aguas residuales; o bien, que al menos un tercio de la zona afectada estuviera considerado como núcleo urbano consolidado. El acceso rodado no existe: “todo lo hemos bajado a mano, durante años, los vecinos del Pozo”, dice Daniel, cuya familia lleva tres generaciones allí instalada. Además, el Pozo está calificado como suelo rústico y ninguna de ellas es primera vivienda. Hay edificios que tienen abierto un expediente de recuperación posesoria, trámite previo a la orden de demolición. Y también otros, que aún siendo legales, rompen con sus paredes de cemento y sus ventanas de aluminio el aspecto tradicional de todo el entorno.



Tenerife, la más afectada


De toda Canarias, la isla de Tenerife es la que cuenta con mayor número de núcleos afectados por la Ley de Costas. Uno de ellos, Bocacangrejo, antiguo barrio pesquero de El Rosario, sigue dando cobijo a 930 vecinos, gente en su mayoría de origen muy humilde que habita en su primera y única vivienda. Todos pagan contribución urbana, muchos tienen escritura de propiedad anterior a 1988 y algunos, como Isaura Cruz, llevan allí más de 70 años. Su casa, una cueva habilitada como vivienda, llega casi al borde del mar. “¿Por qué me van a echar ahora? – se pregunta– Al menos, que me den un cuartito donde no estorbe hasta que me muera”. Más claro lo tiene su vecino Rafael, un pescador retirado que también habita una cueva al pie de una pequeña caleta: “Esta es mi vida. Si me vienen a echar, antes me rajo el cuello y aquí me quedo para siempre”. Muchas de las casas de este enclave invaden el dominio público marítimo terrestre y tienen los días contados. Pero no deja de sorprender que, pese a que lo prohíbe la ley vigente, aún se siguen construyendo casas situadas dentro de la servidumbre de protección. “Les ponen alguna multa, pero no las tiran”, asegura Estéfana, presidenta de la Asociación de Vecinos de Bocacangrejo.



Pocos kilómetros más al sur se alza Radazul, una urbanización de alto ‘standing’ donde cambia totalmente la situación: “Aquí se permitió, pasado 1988, que se echara relleno al mar (una medida prohibida por la Ley), a fin de ganar unos metros y que muchos edificios quedaran fuera del deslinde del DPTM. Costas debería explicar por qué lo autorizó”, asegura Antonio Alonso. Una hábil estrategia a la que hay que sumar la destrucción de medio acantilado para encajar en él diez edificios de más de ocho plantas.

La mayoría de los afectados se quejan de que, mientras ven peligrar sus casas, decenas de hoteles ubicados por todas las costas canarias podrían ver ampliada a 75 años su concesión. Un caso muy ilustrativo es el del Oliva Beach, en plenas dunas de Corralejo (Fuerteventura), que lleva años pleiteando sobre su legalidad. Y ahora incluso con el apoyo de senadores como el socialista Domingo Fuentes Curbelo, preocupado por salvar “los más de 400 puestos de trabajo directos y muchísimos indirectos” que dependen de este hotel, tal como afirmaba hace unos días en el diario, La Provincia.



Doble Rasero.

En El Médano (Granadilla, Tenerife), se alza el hotel del mismo nombre, con toda su terraza sostenida por unas columnas que se adentran en el mar. Costas dio permiso para arreglarlas ante el riesgo de derrumbe. Así lo afirma el actual dueño del edificio, Álvaro Alcalá Galiano, que alega gozar de una concesión “muy anterior a la ley de Costas y que era por tiempo ilimitado”. Un asunto que tienen recurrido ante los tribunales. “El caso está sub iúdice, y andamos a la espera de lo que ocurra con la reforma de la ley. Se habla de que podrían ampliar la concesión 75 años más. Aparte, aquí nadie quiere que se tire el edificio, pues mantiene comercialmente a todo El Médano”, dice el hotelero.



Unos metros más allá del hotel, en toda la línea de casas que invaden el deslinde del DPTM –y que también podrían ser derribadas–, se puede ver estos días cómo una empresa constructora está rehabilitando una casa recientemente adquirida por una propietaria rusa. Algo que contrasta con muchas otras edificaciones de Tenerife, condenadas a la ruina precisamente por la prohibición de Costas de hacer obras de rehabilitaciónn, con la excusa de que están invadiendo el DPTM.



Es el caso del barrio marinero de El Caletón de La Matanza, donde viven unas 120 familias y donde está planeado, además, la construcción de un paseo marítimo que afectará a casas que, en principio, podrían haberse salvado tras la aprobación de la nueva ley de Costas.


“Nos quieren tirar por feos”, dice Elena Hernández, propietaria de una casa comprada en 2003 y representante vecinal del Caletón. “La casa es anterior a 1988 y se podría salvar, pero ahora, con el proyecto del paseo, y con el deslinde recurrido, puede peligrar nuestro futuro y el de muchas otras edificaciones”, asegura. Frente a su terraza, y literalmente colgadas de un acantilado, se ven las ruinas de un inmenso edificio destinado a apartamentos que no se terminó por la quiebra de la constructora: “Se están cayendo los paneles de hormigón al mar, con el peligro que eso conlleva. Y sin embargo Costas no hace nada”, añade Elena.

Su marido, Eduardo, es abogado y lleva años luchando por defender a las familias de El Caletón. Como tantos otros dueños de casas anteriores a la ley de Costas de 1988, tiene muy claro que el desalojo podría suponer “una vulneración del derecho de propiedad, que es un derecho fundamental

A falta de su definitiva aprobación en el Congreso y el posterior desarrollo del reglamento, la reforma de la Ley de Costas podría suponer una vuelta al ladrillazo en detrimento de muchos de estos núcleos costeros tradicionales. Así lo afirma Carmen del Amo, presidenta de la AEPLC: “Toda la costa está programada. Existen nuevos proyectos en los que es imprescindible la desaparición de los poblados tradicionales costeros”. No parece andar desencaminada. Antonio Alonso asegura tener constancia de distintos proyectos de campos de golf en el litoral norte de Gran Canaria, “que estarán ubicados más allá de los veinte o cien metros que marquen la servidumbre de protección, y serán legales, pero no quieren tener la mala imagen de nuestros viejos poblados costeros en primera línea de playa”.



El triste ejemplo de Cho Vito

El futuro de muchos núcleos costeros canarios se refleja en el triste presente de los vecinos de Cho Vito, un barrio del municipio tinerfeño de Candelaria cuya demolición fue portada de todos los medios informativos.



Las últimas casas fueron derruidas el pasado mes de noviembre; entre ellas la David, tataranieto de Cho Vito, fundador de este enclave. “Mi hijo sigue pagando a duras penas el crédito que pidió por amueblar la casa que le han tirado”, dice José Antonio Luis, su padre, también desalojado de una casa aledaña.



Mientras las autoridades insulares presumen del nuevo paseo marítimo construído donde se alzaba el barrio marinero, sus antiguos moradores siguen clamando justicia. Como única indemnización solo consiguieron que les pagaran un alquiler social por veinticuatro meses. “Hemos pasado de ser propietarios a vivir de la caridad de la administración”, dice Soledad, una de las desalojadas de lo que fue su primera vivienda, con escritura pública incluida. Como ella, muchos otros vecinos tienen recurrido el derribo de sus casas y han llevado el asunto a la Comisión Europea. Una vez se pronuncie, llevaran su caso al Tribunal de Justicia Europeo.
No deja de ser chocante que la administración local siga cobrándoles, por su casa derruida, el recibo del IBI, y que tengan que declararlo a Hacienda. “Implícitamente están reconociendo nuestros derechos. Ellos sabrán”, ironiza Sole mientras posa junto a una pequeña gruta en lo que fue la cocina de su casa-cueva.


REPORTAJE DE CARLOS BARRIO.
INTERVIU. 29 ABRIL 2013

16 dic 12. El recién aprobado PGOU deja abierta la puerta a las piquetas para demoler 150 viviendas en San Andrés y construirles otras tantas para realojar a las familias afectadas por la Ley de Costas aplicada con efecto retroactivo. En su lugar se tiene previsto un futuro Paseo Marítimo con los añadidos que estimen oportuno.

Este tipo de actuaciones es bien visto y acogido por gran parte de la población y tal vez por muchos de los propios afectados al ser receptores de viviendas en mejores condiciones y por la revaloralización de la línea costera como espacio público de ocio y disfrute. Para llevar a cabo esta cuantiosa inversión de dinero público son necesarios los pertinentes acuerdos y el visto bueno del Ayuntamiento de Arucas. (Ninguna casa será derribada para hacer un paseo marítimo si el Ayuntamiento de Arucas no quiere)

Y es aquí donde nacen nuestras diferencias y nuestras críticas hacia los políticos de Arucas por ser parte del engranaje de esta maquinaria financiera que nos ha llevado casi a la quiebra del estado español. Porque la Ley de Costas, nada prioritaria en estos tiempos, nace como un negocio más para los mismos de siempre, sobre todo para la banca privada.

Hay un clamor popular contra la banca por su expolio al usuario y por la enorme inyección de dinero público que Zapatero y Rajoy le concedieron para "reflotarla". Esta banca financiará a la empresa adjudicataria de estos proyectos en San Andrés y una vez cocluidos y entregados, la administración embolsará a dicha empresa el montante económico de dinero público, de nuestro dinero, que corresponda para que la citada empresa cumpla con la devolución del crédito con sus jugosos intereses a la banca. Así más o menos es el juego. Si no hay obras, los chorizos como Botín, Díaz Ferrán y compañía las inventan con tal de seguir con sus pingües beneficios.

Por esto, señores políticos, nuestra adversión hacia ustedes, ciudadanos como yo de este municipio que aceptan el juego diabólico de la banca privada a costa de la población, del dinero público y de nuestro territorio; por eso, estimados lectores, por mucho que guste el proyecto, es hora de atender prioridades y acabar con este juego.

En teoría, y sólo en la teoría, la Ley de Costas se aplica a inmuebles que invadan la franja costera. Muchos ejemplos en Canarias hay de hoteles y chalets vips, como este en El Rincón, que vemos cuando viajamos a la capital, que pertenece a un conocido diseñador y ex político para quienes la Ley de Costas no existe.

Otro ejemplo lo tenemos en el chalet del poderoso constructor Antonio Plasencia, al lado mismo de Cho Vito y que incumple con la normativa, construido después de entrar en vigor la ley, al lado mismo del mar y que no será demolido:

El 80% de las viviendas de Arucas, Moya y Guía afectadas por la nueva Ley estatal recibe una amnistía hasta 2093

11 oct 12. Costas salva del derribo a unas 260 viviendas de la costa de Arucas, Moya y Guía durante otros 75 años. Cerca del 80% de las 324 viviendas que ocupan ahora la zona de dominio público en primera línea de playa entre Quintanilla (Arucas) y San Felipe (Guía) se salvan del derribo con la nueva propuesta de Ley. En cambio, según advirtió ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en una reunión con el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, y el concejal del PP en Arucas, José María Ponce, y la senadora del mismo partido, Josefa Luzardo, las 64 casas restantes de los citados municipios terminarán bajo la piqueta porque se encuentran en una situación de absoluta ilegalidad.

"El documento se podrá mejorar con enmiendas, pero por lo menos la Ley da seguridad jurídica que antes no la había para las viviendas de la costa afectadas". José María Ponce manifestó ayer, tras una reunión con el responsable de Costas del Ministerio, que la nueva normativa aclara muchas de las dudas que pesaban sobre las casas del Norte.

El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, había dejado en los últimos días a los dueños de 324 inmuebles de la costa Norte en una situación de incertidumbre, puesto que la concesión actual de salvaguardia caducaba en 2018.

Sin embargo, cerca de ocho de cada diez inmuebles afectados se podrán beneficiar de un periodo de prórroga. En principio, unas 260 viviendas accederán a esta situación de amnistía hasta el año 2093, tras la prórroga de 75 años.

En cambio, las 64 casas restantes tienen los días contados. El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, asegura que no existen zonas concretas afectadas, sino que se trata de casos individualizados y diseminados. En este sentido, José María Ponce admite que tienen muy difícil su regularización, como ya se contemplaba con anterioridad, porque los ocupantes no han podido demostrar la titularidad, por lo que están en una absoluta ilegalidad, al apropiarse de suelo público y carecer del título de propiedad. En el caso de Moya, Hipólito Suárez habla de que podría haber unos siete casos.

José María Ponce defiende que la ventaja de esta nueva normativa en trámite es que el registro de las casas garantizará la seguridad de cualquier proceso de compraventa, y posibles obras de reforma. Y añade que el objetivo ahora es incluir a l mayor número de zonas amnistiadas entre la decena de excepcionalidades contempladas en diversas comunidades autónomas.

Ponce cree que se puede mejorar el documento en el caso del Norte, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio para que diez núcleos costeros españoles hayan gozado de la excepcionalidad para su salvaguardia dentro de las zonas de dominio público. Fuente

Actualización 18 nov 12

IMÁGENES DEL DESALOJO

El alcalde de Candelaria vuelve a negociar con los vecinos de Cho Vito


EL TRIBUNAL SUPREMO DICTÓ ORDEN DE DERRIBO CONTRA UNA URBANIZACIÓN CONSTRUIDA POR ANTONIO PLASENCIA. JAMÁS SE CUMPLIÓ:

ESTO ES LO QUE HAY DETRAS DE CHO VITO. Parcelas de una unidad de actuación en las que un promotor construirá un edificio residencial de 1.508 metros cuadrados de edificabilidad total en tres plantas y 15 viviendas. Es la ficha del Plan General de Ordenación facilitada por el gobierno municipal:

Actualización 16 nov 12

El cinismo en grado sumo. Fue el PSOE en 2008 cuando gobernaba Zapatero quien ordenó el primer derribo. Fue Carolina Darias, delegada del gobierno del PSOE quien dio la orden en 2008. Fue el alcalde de Candelaria, Gumersindo Trujillo del PSOE, quien tanto en 2008 como ahora ha tenido en sus manos acabar con la pesadilla de los vecinos simple y llanamente catalogando a Cho Vito como Bien de Interés.

El PSOE critica al PP por Cho Vito



Décimas a Cho Vito. Yeray Rodríguez

Llegaron tractores
tras mil amenazas
a tumbar las casas
de los pescadores
y otros moradores
…que siempre han tenido
fabricado el nido
junto a la marea;
de aquella pelea
memoria les pido.

Los mismos tractores
no han hecho maldades
en las propiedades
de algunos señores,
especuladores
que en suelo prohibido
se han enriquecido
con hoteles que
aun siguen en pie:
memoria les pido.





En 2008 fue el PSOE, en 2012 el PP. Coalición Canaria calladita:



A las 10:00 horas cayó la primera casa, la de Tomás González, sin que en ningún momento se haya mostrado orden judicial

SB-Noticias.- Como si de una pesadilla reincidente se tratara, las imágenes que se están viendo este viernes en Chio Vito nos trasladan a los sucesos de 2008. Un fuerte dispositivo de las fuerzas del orden público, desalojos forzosos por parte de los numerosos agentes que sacan de sus casas a la fuerza a los vecinos atrincherados, el dolor inmenso de unos ciudadanos que teniendo sus papeles en regla ven cómo la Administración del Estado procede para derribar hoy mismo el barrio.

Con gritos de "abusadores" o "la casa del alcalde es igual de legal que la de los vecinos de Cho Vito", son muchos los ciudadanos que están protestando por este abusivo desalojo

Candelaria.- La casa del alcalde incumple la ordenanza urbanística

Los periódicos colaboracionistas del régimen mintiendo y manipulando:

Actualización 15 nov 12

Chalet del poderoso constructor Antonio Plasencia, al lado mismo de Cho Vito,
al lado mismo del mar y que no será demolido.

Cuarto día de acoso por parte de la delegación del gobierno para medrar la moral de los vecinos de Cho Vito.

La tensión, la incertidumbre del futuro que les aguarda, la falta de descanso y la huelga de hambre empiezan a hacer mella en los vecinos de Cho Vito

Tomás González sufrió un desvanecimiento anoche por el que tuvo que ser atendido por una ambulancia, aunque no necesitó hospitalización



Actualización 14 nov 12. Tomás González (Cho Vito): “Nos están matando poco a poco con la tortura psicológica a la que nos tienen sometidos”



Actualización 13 nov 12.

Las 9 familias del poblado marinero de Cho Vito, ante el aviso de demolición de sus viviendas, sacaron todos sus enseres hace tres días (camas, muebles, comida...). Desde el aviso de demolición anunciado por la delegación del gobierno para este pasado lunes por la mañana, estas personas permanecen a la espera de ver aparecer las palas que acabarán con parte de su vida en estas condiciones. La tensión, la incertidumbre en la que la administración tiene sumidos a estos ciudadanos, algunos enfermos como consecuencia de una huelga de hambre el pasado año, han decidido iniciar otra huelga de hambre indefinida.



11 nov 12. Hace cuatro años Cho Vito fue asediado por tierra, mar y aire cual si fueran terroristas. Derribaron parte del poblado marinero.

Hace dos años, seis de sus habitantes iniciaron una huelga de hambre por la nueva amenaza de derribo de las viviendas que allí quedan y lograron paralizarlo.

Mientras, grandes hoteles, urbanizaciones y viviendas de la jet set canaria, incluida la del alcalde de Candelaria, incumplen con la normativa de Costas.

Tomás González, portavoz de los vecinos, asegura que si sale de allí será con los pies por delante.

Carta de Carmen del Amo, Pte. de la Asociación Europea de Perjudicados por la Ley de Costas (AEPLC) recibida en ArucasBlog:

El Gobierno español, tan preocupado por los desahucios de los bancos, no tiene ningún reparo en desahuciar, desalojar y derribar a 9 familias de su única vivienda el próximo lunes 12

Estas familias han demostrado que todo el proceso ha sido llevado a cabo mediante un proceso totalmente irregular y con documentación falsa que han llevado a los jueces a equivocación.

Detrás de estos desalojos y derribos se oculta un proyecto especulativo consensuado con el Gobierno Canario (Coalición Canaria) el Gobierno Central desde 1998 a 2012 (PP Y PSOE) y el Ayuntamiento de Candelaria (PSOE). El proyecto conlleva un paseo maritimo, 15 chalets de lujo, un puerto deportivo privado y una nueva playa artificial.

Parece ser que cuando se trata de los Bancos, los politicos se unen y gritan airados en contra de ellos, pero cuando se trata de "su negocio", el de todos ellos, con dinero público, impera la ley de silencio.

El derribo que en 2008 se efectuó sobre 23 viviendas de Cho Vito, fue financiado con Fondos Europeos al disfrazarlo de proyecto medioambiental.

La Ley de Costas viola los Derechos Humanos, el Convenio Europeo de los Derechos Fundamentales y la Constitución Española. ¿Cuantos desalojos y derribos se permitirán aún sin que la sociedad reaccione ante la mayor injusticia que existe en España?


http://perjudicadosporlaleydecostas.blogspot.com.es/

Más sobre Cho Vito: http://arucasblog.blogspot.com/search/label/Cho%20Vito?max-results=20

Una canción adecuada para este tema:

Tomás González denuncia que ha recibido amenazas de muerte (+ info)

5 ago 10. SB-Noticias.- Los vecinos de Cho Vito anuncian que no se irán de sus viviendas. Anuncian que en cuanto les entreguen los autos en el Juzgado, presentarán un recurso con argumentaciones de peso y que se mantienen firmes hasta que los echen por la fuerza.

Tomás González, afectado por los derribos de Cho Vito (Candelaria), analizó en el programa La Trapera de Radio San Borondón el hecho de que Costas vuelva a la carga para derribar las casas que aún quedan en pie en este poblado marinero y advierte que volverá a repetirse la historia, a Cho Vito llegarán fuerzas policiales y militares por tierra, mar y aire, les sacarán de sus casas por la fuerza como si fueran terroristas, para justificarse ante la sociedad les acusarán de atentar con cócteles molotov y se volverá a ver por todo el mundo cómo la Administración vuelve a humillar a ciudadanos humildes a quienes obligarán a revivir momentos especialmente difíciles como los ocurridos cuando derribaron gran parte del pueblo.Tomás González explica que los vecinos de Cho Vito se enteraron este martes de rebote de la orden de la demarcación de Costas para desalojaran las viviendas antes del próximo 20 de septiembre para proceder al derribo de las casas que aún quedan en pie en el pueblo y añade que nada más enterarse de la noticia se personó en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife para que le entragaran los autos para analizarlos, ya que a cada auto judicial cabe recurso, sin conseguirlos.

Explica que en este día se trasladó a las oficinas de Costas para reclamar dichos autos, obteniendo la misma suerte, teniendo que solicitarlos por escrito, ya que el abogado que representa a los afectados no ha sido notificado en ningún momento de este hecho, sin embargo la carta a la que han tenido acceso los afectados dice que con fecha 17 de junio de 2010 el Juzgado de los Contencioso-Administrativo nº 1 de Santa Cruz de Tenerife ha autorizado la entrada en el domicilio de los vecinos de Cho Vito.

El portavoz vecinal señala que la pasada noche se reunían para planificar qué hacer y definir los pasos para enterarse de cómo está la situación, al tiempo que adelanta que este jueves se personará junto al abogado en el Juzgado para que los autos sean entregados definitivamente y así poder estudiar la estrategia a seguir en lo que al recurso se refiere, puesto que si la otra vez no les dio tiempo de preparar la documentación, en esta ocasión tienen muchos argumentos que aportar, como por ejemplo la Ley aprobada en el Parlamento de Canarias, normativas europeas o la resolución del ayuntamiento de Candelaria donde acogiéndose a la normativa autonómica iba a proteger los poblados marineros.

Recuerda que es fundamental tener en cuenta que en todo momento dijeron que las viviendas de primera ocupación se iban a respetar en Cho Vito, una situación que no ha cambiado desde aquel entonces, porque se pregunta a dónde se van el 20 de septiembre cuando les desalojen para derribar sus viviendas, de tal forma que pasará lo mismo que hace unos años porque no se irán, mantendrán sus pertenencias en las casas hasta que los echen por la fuerza, aunque en la carta que les han hecho llegar les digan que los enseres que se encuentren ese día serán considerados abandonados.

Tomás González afirma que los vecinos que permanecen en Cho Vito no tienen otras viviendas ni tienen adónde ir, advirtiendo que esta acción es una nueva pataleta del ingeniero jefe de la demarcación de Costas, responsable máximo de toda la tragedia personal que ha habido en el poblado marinero.

En este sentido, advierte que volverá a repetirse la historia, a Cho Vito llegarán fuerzas policiales y militares por tierra, mas y aire, les sacarán de sus casas por la fuerza como si fueran terroristas, les acusarán para justificarse ante la sociedad acusándoles de atentar con cócteles molotov y se volverá a ver por todo el mundo cómo la Administración vuelve a humillar a ciudadanos humildes a quienes obligarán a revivir momentos especialmente difíciles como los ocurridos cuando derribaron gran parte del pueblo.

Los vecinos han recopilado toda la información posible en las últimas horas para programar las acciones a seguir hasta el próximo 20 de septiembre, fecha en la que se consumará un nuevo abuso de poder contra el pueblo.

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24 abr 10. Dos noticias en la prensa de hoy, relacionas con nuestra costa, ponen en evidencia la fragilidad a que toda Canarias está sometida. Los afectados por Derribos Costas S.A. en varios lugares de las islas se unen para luchar por una ley injusta e interesada, porque los políticos municipales jamás plantarán cara a este robo, ni pondrán en duda lo injusto de tal ley.
El Grupo de Gobierno de Arucas asegura la salubridad del agua para el baño en El Puertillo, tachando de oportunismo político a los populares, cuando estos en realidad se refieren en su comunicado a un escrito de fecha 26 de enero de 2010, firmado por el coordinador del área de Obras Públicas del Cabildo Insular, por lo que los populares denuncian que el consistorio no informó al público, en su momento, de tal problema de salud pública.

Ya va siendo hora de que nos demos cuenta que la única forma de lucha es la unión ciudadana contra los atropellos de la casta política y del Estado opresor.

PLATAFORMA NACIONAL DE AFECTADOS POR LA LEY DE COSTAS ---- ( PNALC)

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29 mar 10. Mientras el Grupo de Gobierno de Arucas, del que forma parte el PSOE, anda por la costa calmando a los afectados y prometiendo acciones justas, otros del mismo partido dicen esto en Europa:

El eurodiputado Miguel Angel Martinez (PSOE) justifica en su intervención ante el Comité de Peticiones del Parlamento Europeo que la Ley de Costas pueda despojar de los bienes adquiridos legalmente a sus legítimos propietarios al negar el Derecho Fundamental a la propiedad. El Sr Martinez desconoce totalmente que la Democracia, el primer Parlamento y la primera Constitución de todo el mundo nació en el Reino de León en 1188. El derecho de propiedad y la justa compensación de la misma, emana de la Carta Magna Leonesa.

CARTA MAGNA LEONESA (1188)

“Ordeno que nadie se atreva a apoderarse por fuerza de bienes muebles o inmuebles poseídos por otro. Quien se apodere de ellos, restitúyalos doblados al que padeció violencia”.

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (1948)

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

(Intervención completa)

10 may 10. Derribos Costas S.A. enfila sus palas hacia otro barrio costero canario. Ejercen de abrelatas, de zapadores al servicio de la especulación de los poderosos. Esta vez van a por el pueblecito costero de La Bombilla, en La Palma, para darles a los yonkis del cemento un paseo marítimo.

Costas inicia la expropiación forzosa de La Bombilla. La Ley de Costas sigue utilizándose como instrumento al servicio de la especulación urbanística en las áreas costeras. De este modo, mientras el Hotel de Puerto Naos sigue en pie, se amenaza con destruir el pueblo pesquero de La Bombilla para construir un "paseo marítimo" de 2.237 metros de longitud, con un ancho de dos metros.


Según los afectados, la expropiación de unas cuarenta parcelas para la ejecución de un paseo junto al litoral desde Playa Nueva (Los Guirres), en el municipio de Tazacorte; y Puerto de Naos, enn el municipio de Los Llanos de Aridane, establece precios ridículos, según los afectados, para hacer frente a la afección tanto a viviendas y terrazas que se construyeron cumpliendo con todos los requisitos legales, como a fincas de plataneras en una de la mejor zona de Canarias para este cultivo. El Estado paga unos 13 euros el metro cuadrado al aire libre y 30 euros con invernaderos, siempre en producción de plataneras, mientras que los propietarios del suelo hablan de unos 45 euros el metro sin cubrir y más de 60 bajo plástico. La parcela donde se está construyento un hotel ya fue vendida hace algunos años por Morriña (exportadores y grandes propietarios) a un precio más alto.

La Dirección General de la Sostenibilidad de la Costa y el Mar hizo públicos recientemente los datos de las personas y entidades afectadas con el inicio de la expropiación forzosa de terrenos e inmuebles, sometiendo al período de información pública el expediente de referencia durante un plazo de quince días.


El Consejo de Ministros dijo tras la aprobación de las expropiaciones, que en dicha zona existe una "masificación del cultivo del plátano", la cual "impide el acceso a las playas de la zona". Lo curioso es que en dicha zona existe únicamente una playa, Playa Nueva, la cual sí cuenta con un fácil acceso con carretera y una amplia zona de aparcamientos tras el derrumbe de las casas de veraneo de esa zona junto a la cual, "casualmente", se está construyendo un hotel. En el caso de La Bombilla muchas familias viven permanéntemente allí, siendo uno de los últimos enclaves que quedan con población dedicada a la pesca artesanal. Fuente: Magec.info

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1 nov 09.
En Tenerife: Litoral de Anaga, Cho Vito, El Caletón, Candelaria, etc. En Gran Canaria la costa de Arucas y Gáldar, Tufia, Hoya Pozuelo, Melenara, por ahora. En Fuerteventura: Majanicho, Jacomar, el Puertito de la Cruz, Ajuy, Las Salinas, Los Molinos, El Jablito o Puerto Lajas. En La Palma, Fuencaliente. Barrios de gente pobre y trabajadora amenazados por las palas, pero viviendas que "incumplen sus leyes" y que pertenecen a gente "importante" ni tocarlas, como esta bonita vivienda que siempre hemos visto cuando vamos a la capital por la costa, y que pertenece a un diseñador, pijo y con influencias:

Fotos: Jarutaco (Gáldar)

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16 may 09. La Demarcación de Costas comienza a derribar viviendas en la costa norte, pero sólo las de los pobres

Viviendas a derribar en San AndrésLa piqueta llega a la costa norte de Gran Canaria. El litoral del Norte es el más afectado por la Ley de Costas en Gran Canaria. El número específico de viviendas que podrían ser derribadas, por estar dentro del límite marítimo terrestre, aún no se ha concretado, pero los municipios ya empiezan a sacar cuentas y se calcula que hay cerca de 150 casas en peligro.

Llevan años construidas, algunas incluso son construcciones centenarias, primeras o segundas residencias que, en la actualidad, pueden ser material de primera para las piquetas de la Demarcación de Costas.
Arucas, Moya, Guía, Gáldar y Agaete. Ninguno de estos municipios se escapa del dominio público marítimo terrestre y todos ellos están en el punto de mira de Costas.

En este sentido, cuatro dúplex en la avenida de Los Poetas de Agaete; unas ocho viviendas ubicadas en el Barranco La Ballena, en Guía; y, cuatro en Barranquillo Moreno, también en el municipio de Guía, ya han pasado por la burocracia de Costas y están a la espera de ser derribadas. El alcalde de Guía afirma que nada puede hacer, pero salvaría las casas declarándo la zona de interés etnográfico

Cuenta atrás

Al margen de estas 16 edificaciones, que ya están sentenciadas por Costas a desaparecer para siempre, quedan pendientes de veredicto unas 134 viviendas aproximadamente que, según los estudios que se han realizado y teniendo en la mano la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, corren el peligro de ser derruidas.

Los municipios más afectados por la normativa son el de Arucas y el de Moya. Tan sólo en el primero se localizan medio centenar de casas que incumplen con el reglamento, mientras que, en la costa de la villa, se han detectado otras 50 viviendas dentro del límite marítimo terrestre.

En Arucas, los vecinos instalados en Quintanilla y en el barrio de San Andrés podrían ver desaparecer, de un plumazo, cerca de 47 edificaciones. La mayoría de ellas ubicadas en la calle María Luisa Ramos.

El Altillo y El Roque, en Moya, tampoco escapan a la piqueta. En el primero de los barrios están casi todas las viviendas anexas al mar ilegalmente instaladas, mientras que en El Roque hay unas 10 afectadas completamente y más de 40 parcialmente.

En Santa María de Guía la vista se dirige directamente a todas las edificaciones que hay en San Felipe, pero Costas aún no se ha pronunciado sobre ellas, aunque ya se intuye que también están en el punto de mira de la institución estatal para ser demolidas, al igual que las de Arucas y Moya. Las que sí se derribarán serán las de Barranquillo Moreno y Barranco La Ballena, donde se contabilizan hasta 12 casos.

En el municipio de Gáldar, hasta ahora, se han detectado 25 viviendas que están fuera de la ley. De ellas, 24 se localizan en el barrio costero de El Agujero y una en Barranquillo del Vino. Los vecinos galdenses ya se han unido, creando una comisión de afectados, para luchar e intentar negociar con Costas los cimientos de sus casas.

En Agaete sólo cuatro tienen expediente de derribo abierto, pero todas las ubicadas en primera línea de playa y en la avenida de Los Poetas se miran con lupa.

El barrio de Cho Vito, en Tenerife, vivió un acontecimiento surrealista cuando el estado sitió el lugar y sacó a rastras a algunos vecinos.

Pero la justicia ejecuta contra el pobre, porque en Galicia los socialistas edifican sus viviendas al ladito del mar, con huéspedes insignes como Pepiño Blanco (ver video):


También en la foto que pueden ver a continuación aparece una vivienda ocupando litoral costero en Bañaderos que no se va a derribar:


Una asociación de afectados a nivel estatal ofrece ayuda a quienes se vean perjudicados por esta ley para pobres. Esta es la web y a continuación un video-denuncia elaborado por dicha asociación: