23 mar 10. El PTP 15 se trazó con el desarrollo del PIO de Gran Canaria y se aprobó bajo mandato del PP en el Cabildo en junio de 2004, cuando Soria era presidente y, precisamente, Carlos Sánchez era consejero del asunto. Ahora en la oposición este señor, que pudo modificarlo en su momento, pide la paralización del Plan Litoral Norte, lo cual aplaudimos.
Los alcaldes de ATI-CC en el Norte han montado la pataleta porque son desarrollistas a más no poder. Entienden el progreso a base de piche y cemento y pretenden acabar con la costa norte tal cual la conocemos para deleite de los yonkis del cemento.
El Grupo Popular en el Cabildo de Gran Canaria solicitará en el próximo pleno de la corporación insular la suspensión cautelar del Plan Territorial Parcial 15, que afecta a la costa de los municipios de Arucas, Moya y Santa María de Guía, "para evitar el derribo de 200 viviendas".
Así lo anunció hoy el portavoz del PP en el Cabildo, Carlos Sánchez, en una rueda de prensa en la que explicó que este plan parcial (PTP15), que se tramita en la actualidad, habiéndose finalizado el plazo de exposición pública, establece una interpretación poco flexible de la Ley de Costas, que el PP propone que se modifique para introducir excepciones.
El viceportavoz del Grupo Popular en el Cabildo grancanario, Hipólito Suárez, detalló que de las 200 viviendas que el PTP15 propone demoler o trasladar, 32 se encuentran en San Felipe; 50 se reparten entre El Altillo y Moya y más de cien pertenecen al municipio de Arucas.
Ésta petición centrará una de las tres mociones que el PP presentará en el pleno que la corporación celebrará el próximo viernes, en el que también solicitará que se apoye, con ayudas económicas y materiales, al sector agrícola de la isla afectado por el último temporal.
"Dirigentes del PP fueron a los barrios de la costa de Arucas y dijeron a los vecinos que iban a informarles, pero lo único que hicieron fue decirles que el Cabildo de Gran Canaria va a tirar las casas en cuatro años, lo que es una tergiversación", señaló el alcalde de Arucas, quien apuntó que los populares "reclaman ahora la paralización del plan porque están en la oposición".
Fernando Bañolas aseguró que una paralización del PTP-15 "condenaría a los municipios del Norte al ostracismo" y recordó que Santa María de Guía lleva años esperando ese planeamiento para ordenar la zona de San Felipe, donde se permitirían un hotel y un campo de golf. El alcalde de Guía recordó que la Dirección General de Costas ya se reunió con los tres ayuntamientos y se comprometió a hacer un estudio sobre las viviendas afectadas, con un cálculo de cuánto costará el traslado de los inmuebles ilegales hacia el interior.
Antonio Perera aseguró que el número de viviendas afectadas "será finalmente muy inferior a las 200 que dice el PP" y acusó a los populares de "utilizar la demagogia porque creen que así conseguirán el apoyo de esos vecinos en las próximas elecciones". Frente a esa actitud, el regidor de Moya abogó por tener valentía y buscar el consenso entre todas las administraciones públicas y ofrecer una solución a los vecinos.
Aunque el PP y CC son socios en el Gobierno de Canarias y en otras instituciones, mantienen posturas totalmente contrarias en este asunto. El PTP-15 se está tramitando actualmente en el Cabildo, cuyo grupo de gobierno de PSOE y NC previsiblemente rechazará la moción del PP. No obstante, la aprobación definitiva depende del Gobierno autónomo, donde gobiernan nacionalistas.
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El PP pide la suspensión del Plan Litoral del Norte
2 Comentarios Blogger:
Puertillense dice:
Aqui esta claro que los partidos politicos son unos interesados y dicen una cosa o otra segun donde se encuentren (gobernando o en la oposición).
Yo pienso que el Plan de costa hay que ejecutarlo por el bien de la Costa Layraga pero antes deben de realojar a las familias afectadas en sus mismos barrios de donde han sido expropiados.
Lo ideal sería hacer una "mesa" entre admistración, vecinos afectados y empresas privadas interesadas en invertir en la zona para darle una solución al tema.
Pienso que la empresas privadas podían pagar el coste en realojar a los vecinos a cambio de aprobación de proyectos y licencias de obra por parte de la administración. Esta claro que todo no valdria y los proyectos presentados tendrian que tener un limite y deberían de esta acorde con el medio.
Creo que saldria ganando todas las partes, vecinos realojados en sus barrios de origen, la administración no se gastaría un duro en realojar a los afectados, las empresas tendria suelo para el desarrollo de sus negocios y como no trabajo para la comarca.
Sin más un saludo.
Estoy de acuerdo con Puertillense, pero creo que para ello hay que paralizar momentáneamente, tal y como lo solicita el PP, el desarrollo del PTP-15 para no tomar decisiones equivocadas.
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