Costas salva del derribo a cerca de 260 casas del Norte durante otros 75 años

El 80% de las viviendas de Arucas, Moya y Guía afectadas por la nueva Ley estatal recibe una amnistía hasta 2093

11 oct 12. Costas salva del derribo a unas 260 viviendas de la costa de Arucas, Moya y Guía durante otros 75 años. Cerca del 80% de las 324 viviendas que ocupan ahora la zona de dominio público en primera línea de playa entre Quintanilla (Arucas) y San Felipe (Guía) se salvan del derribo con la nueva propuesta de Ley. En cambio, según advirtió ayer el director general de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, Pablo Saavedra, en una reunión con el alcalde de Moya, Hipólito Suárez, y el concejal del PP en Arucas, José María Ponce, y la senadora del mismo partido, Josefa Luzardo, las 64 casas restantes de los citados municipios terminarán bajo la piqueta porque se encuentran en una situación de absoluta ilegalidad.

"El documento se podrá mejorar con enmiendas, pero por lo menos la Ley da seguridad jurídica que antes no la había para las viviendas de la costa afectadas". José María Ponce manifestó ayer, tras una reunión con el responsable de Costas del Ministerio, que la nueva normativa aclara muchas de las dudas que pesaban sobre las casas del Norte.

El nuevo Proyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral, que modifica la Ley de Costas de 1988, había dejado en los últimos días a los dueños de 324 inmuebles de la costa Norte en una situación de incertidumbre, puesto que la concesión actual de salvaguardia caducaba en 2018.

Sin embargo, cerca de ocho de cada diez inmuebles afectados se podrán beneficiar de un periodo de prórroga. En principio, unas 260 viviendas accederán a esta situación de amnistía hasta el año 2093, tras la prórroga de 75 años.

En cambio, las 64 casas restantes tienen los días contados. El alcalde de Moya, Hipólito Suárez, asegura que no existen zonas concretas afectadas, sino que se trata de casos individualizados y diseminados. En este sentido, José María Ponce admite que tienen muy difícil su regularización, como ya se contemplaba con anterioridad, porque los ocupantes no han podido demostrar la titularidad, por lo que están en una absoluta ilegalidad, al apropiarse de suelo público y carecer del título de propiedad. En el caso de Moya, Hipólito Suárez habla de que podría haber unos siete casos.

José María Ponce defiende que la ventaja de esta nueva normativa en trámite es que el registro de las casas garantizará la seguridad de cualquier proceso de compraventa, y posibles obras de reforma. Y añade que el objetivo ahora es incluir a l mayor número de zonas amnistiadas entre la decena de excepcionalidades contempladas en diversas comunidades autónomas.

Ponce cree que se puede mejorar el documento en el caso del Norte, teniendo en cuenta los argumentos esgrimidos por el Ministerio para que diez núcleos costeros españoles hayan gozado de la excepcionalidad para su salvaguardia dentro de las zonas de dominio público. Fuente