El ciudadano de a pie entiende como transparencia su acceso a cualquier procedimiento administrativo y su derecho a estar informado de las acciones políticas de sus representantes, en este caso en el Ayto. de Arucas.
Legalidad, ni es sinónimo de transparencia ni de justicia. Una ley puede ser justa o no. Una ley puede emanar transparencia o no. Máxime en un estado español plagado de leyes con grietas por donde se cuela la enorme corrupción imperante.
Por falta de transparencia el ciudadano se pregunta por qué son siempre las mismas empresas las que acceden a los contratos con el ayuntamiento. Y se pregunta, por la misma causa, por qué son tan elevados los costes de ciertas obras acometidas en nuestro municipio.
Encadenar contratos menores de 18.000 euros, o reparándolos hasta cantidades considerables, será muy legal, pero ético no parece, y la transparencia tan prometida en campañas electorales por parte de PSOE, ATICC y NC brilla por su ausencia.
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