El PP presentó un Recurso de Reposición que fue denegado para dejar sin efecto el acuerdo de Junta de Gobierno que asume las diferencias económicas del convenio laboral de los trabajadores subrogados de la empresa anterior porque no le corresponde al ayuntamiento.
Un expediente en el que ha habido evidentes irregularidades e incumplimientos graves y muy graves desde el origen de la propia adjudicación del contrato y posteriormente, en el desarrollo de las obligaciones contractuales de la UTE FCC CAPROS y, que a juicio del PP, demuestran que este gobierno y el anterior, han estado y están contra los intereses municipales y descaradamente a favor de los intereses económicos de esta empresa, porque no han actuado frente a las irregularidades del servicio, convenio y contrato y porque no las han perseguido.
Vulneraron la Ley de Contratos del sector público que obliga a hacer constar el convenio laboral, y no solo no lo hicieron, sino que esa decisión no fue avalada por ningún informe jurídico ni técnico.
El grupo de gobierno PSOE-CC no incluyó en los pliegos los costes de la firma de un convenio laboral que conocían perfectamente y ahora aceptan que sea el Ayuntamiento quien pague 7 millones de euros que no le corresponde pagar y condenar a los ciudadanos de Arucas y a los próximos gobiernos locales a padecer sus errores durante los 8 años de la concesión.
PSOE, CC y CON ARUCAS han permitido que se alteraran las condiciones del contrato en lo referente a variar la esencia del Contrato y Pliego de Condiciones en obligaciones, costes del personal y condiciones de pago y validaron para siempre un convenio laboral que se firmó exclusivamente para el plazo 2010/2013.
Desde el 29 de junio de 2011 que comenzó sus servicios, la UTE incumple de forma muy grave y grave sus obligaciones contractuales y lo hace de forma continuada ante la permisividad del grupo de gobierno, como lo pone de manifiesto un primer informe jurídico municipal, emitido solo 6 meses después del comienzo del servicio, que detalla un batallón de incumplimientos muy graves y graves de los Servicios Básicos del Contrato y Pliegos que vulneran un sinfín de artículos.
Entre otros:
- No disponer del número de trabajadores obligatorio.
- Número insuficiente de contenedores así como el mantenimiento y reposición de los mismos.
- Nula colocación de papeleras.
- Inexistencia del servicio puerta a puerta.
- No disponer de tecnología para el control del cumplimiento del servicio.
- Carecer de oficina o local para atender a los vecinos.
- Ausencia de una línea de teléfono gratuita para atención a los usuarios.
- Falta de un titulado ingeniero industrial o técnico con dedicación exclusiva.
- No haber realizado un inventario exhaustivo en soporte informático, planos, escritos, fotografías, etc. que facilitaran el cumplimiento del objeto del Contrato.
Dicho informe jurídico advertía, que de no corregir las anomalías, se abriría un expediente sancionador que nunca se realizó, a pesar de incumplir las obligaciones contractuales y de que alguna continúa sin cumplirse hasta el día de hoy.
Incumplimientos que persisten durante los años sucesivos 2012, 2013 y 2014 algunos se recogen en el informe emitido por el TAC el 14 de agosto de este año y que traslada a la UTE.
Frente a esta situación el PP no puede más que condenar la incoherencia de un grupo de gobierno, que no antepone la defensa del interés público y que lejos de actuar como debe se ha convertido en financiador de una empresa privada que además ha incumplido sus obligaciones contractuales.
El PP no va a ser cómplice de un regalo a una empresa por casi 7 millones de euros, que hipotecarán el presente y futuro de este ayuntamiento y por ello no descarta elevar la documentación a Fiscalía para depurar responsabilidades.
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