Demandamos al Director General de FP y Adultos que cumpla los compromisos adquiridos ante el Consejo Rector del ICEC y el Consejo Escolar de Canarias
Recientemente la Consejería de Educación ha vuelto a poner en marcha las consabidas pruebas de diagnóstico para el alumnado de 4º de Educación Primaria y 2º de la ESO. Estas pruebas, hace unos años, cuando comenzaron a realizarse, se hacían dirigidas por el Instituto Canario de Evaluación y Calidad Educativa (ICEC) y eran efectuadas por personal especializado, contratado al efecto. Sin embargo, desde hace varios cursos, se le impuso al profesorado su realización, corrección y grabación.El ICEC, desmantelado en la práctica por la anterior Consejera, sigue semivacío de personal y, por tanto, en funciones, dándose la circunstancia –además- de que el Director de dicha institución, el Sr. José Moya, simultanea este cargo con el de Director General de Formación Profesional y Educación de Adultos, que incluye, además de lo obvio, la gestión de las Escuelas Oficiales de Idiomas de Canarias. Sin poner en duda su capacidad de gestión, se evidencia que algo tendrá que estar desatendiendo, si -por añadido- no cuenta con personal suficiente para realizar el trabajo.
Con estas pruebas, la Consejería no tiene inconveniente alguno en considerar que el profesorado debe hacer todas las funciones que ellos le encomienden: hoy será la de "fotocopiador-pasador de pruebas-corrector-técnico que las suba en internet", mañana posiblemente le asignen al profesorado cualquier otra que se les ocurra. Si aceptamos sumisamente todas las funciones que la Consejería nos vaya encomendando, no hará falta sustitutos, ni evaluadores externos, ni bedeles, ni personal de mantenimiento, limpieza, comedores... pues con el profesorado basta, que para eso está sobrado de horas, según considera la Consejería.
Estas pruebas han sido diseñadas por agentes externos, no habiendo tenido las comunidades educativas participación alguna en el proceso de elaboración de las mismas. La Consejería de Educación considera que la aplicación de las pruebas debe ser realizada por profesorado del propio centro, mientras el STEC-IC plantea que esta evaluación externa debiera ser realizada por técnicos independientes ajenos al centro educativo, para evitar que se sigan recargando aún más las funciones y el horario del profesorado que, para realizarlas, deberá abandonar las tareas que ya estaban planificadas. La ejecución de todo el procedimiento para dichas pruebas implica no sólo trastocar la programación establecida sino también que otras personas tengan que atender las clases del profesorado que se dedique a ellas, con el consiguiente perjuicio para el alumnado.
Sin embargo, quizás lo más llamativo es el incumplimiento, al menos hasta la fecha, de los recientes compromisos adquiridos por el Director del ICEC ante el Consejo Rector del mismo y ante el propio Consejo Escolar de Canarias. En ambos foros, el Sr. José Moya informó expresamente que la corrección y grabación de las pruebas se realizaría este año con personal externo a los centros. La realidad es bien distinta puesto que -de hecho- ya se está distribuyendo en los centros la documentación e instrucciones necesarias para acometer por el profesorado ambas tareas. Si hay voluntad de cumplir el compromiso adquirido, como desde el STEC-IC exigimos, ello debe de concretarse de inmediato.
Ante toda esta situación surgen varios interrogantes: ¿Es deber del profesorado la realización de estas pruebas de diagnóstico? ¿En qué instancia se negoció y acordó añadir esta nueva función al profesorado? ¿Por qué una evaluación externa, planificada por personas ajenas al centro, debe realizarla el profesorado del centro? ¿Qué garantías de objetividad se dan en los resultados de un procedimiento de estas características? ¿A quién corresponde garantizar dicha objetividad? ¿Qué explicación debemos dar al alumnado y a sus familias para no impartir las clases correspondientes por aquel profesorado que se tuviera que dedicar a estas pruebas de diagnóstico?
En definitiva, las distintas comunidades educativas necesitan una respuesta a estas consideraciones e interrogantes, antes de las fechas previstas para su realización, para saber a qué atenerse. Las Asociaciones de Padres y Madres deberían también intervenir en este asunto. Dado que esta situación se viene reiterando curso tras curso y visto el incumplimiento de los compromisos adquiridos, el STEC-IC invita a que los Consejos Escolares de los Centros valoren tomar la decisión de negarse a realizar estas pruebas de diagnóstico en las actuales condiciones.
Canarias, 3 de mayo de 2012
Secretariado Nacional del STEC-IC
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