Clavijo reabre la vía libre para los yonkis del cemento

Clavijo presenta personalmente el borrador de la nueva norma territorial, sin habérsela presentado previamente al PSOE y escondiendo en pliegues lingüísticos su verdadera intención. División entre los socialistas: algunos parlamentarios ya andan diciendo que no votarán esa ley.

23 feb 16. Fernando Clavijo ha presentado a la prensa el anteproyecto para la ordenación del suelo con un folleto, donde en una página enumera lo que va a proteger y en la siguiente dice todo lo contrario, y un powerpoint muy chulo todo. Esta ley deja en manos de los concejales de Urbanismo de los ayuntamientos la regulación urbanística. Hasta aquí lo que sabíamos.

Pero el Top Secret de El Diario informa de esta bacanal de cemento made in Clavijo:

“Simplificar, clarificar y dar seguridad jurídica a la toma de decisiones en materia de ordenación del territorio”. Ésas son las cualidades principales que, al parecer, atesora la nueva Ley del Suelo de Canarias, cuyo borrador fue dado a conocer este mismo lunes al Consejo de Gobierno –no sabemos en qué formato- y a la opinión pública en powerpoint.

La nueva norma es, por lo que cuentan los resúmenes enviados a la prensa por los servicios correspondientes de Presidencia, lo previsto: desmantelar los mecanismos de control legal hasta ahora en vigor, verbigracia la Comisión de Urbanismo y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) y residenciar en los ayuntamientos y en los cabildos la aprobación de los planes generales y de los planes insulares, respectivamente.

Es decir, barra libre a los concejales de Urbanismo y a los consejeros de Política Territorial. Pero lo dice con mucha finura el Gobierno: “Revisión de los procedimientos en función de las competencias atribuidas a cada administración en materia territorial y urbanística”, mientras que “las administraciones afectadas (sic) intervendrán en el proceso vía informe sobre aquellas materias que sean de su competencia”.

Es decir, que Costas, Agricultura o Defensa, por poner tres ejemplos tontos, podrán intervenir cuando lo que se ordena les pueda afectar. “Este procedimiento monofásico”, continuamos con las explicaciones, “pretende armonizar los principios de eficacia administrativa, agilidad y seguridad jurídica”. Es decir, que los promotores tengan las licencias antes y sin tanto control jurídico-administrativo, lo que paradójicamente habrá de proporcionar más “seguridad jurídica”. Tócate un pie.

Eso sí, por radio Macuto hemos sabido que Clavijo tendrá el detallazo de no cargarse la Cotmac, más que nada para evitar el aluvión de críticas. Pero, atención, sus decisiones serán vinculantes sólo “en el ámbito de competencias de la Comunidad Autónoma”. Gloriosa tomadura de pelo.

Más filigranas lingüísticas

“Sólo se admitirá el nuevo suelo urbanizable preciso para las necesidades a las que no dé respuesta el suelo ya clasificado desde el punto de vista del interés público”. Precioso, oye. ¿Y quién decide cuáles, cuántas y en qué forma se presentan esas necesidades? ¿Lo deciden los ayuntamientos? ¿Qué es interés público? El Gobierno llama “vías de escape” las soluciones adoptadas hasta el momento para sortear la evidente maraña legislativa y los interminables trámites que han de soportar los promotores.

Es verdad: se refieren Clavijo y los suyos al comité de inversiones estratégicas, una idea coyuntural destinada a desbloquear proyectos importantes en el que se han colado algunos forros de cuidado. Pero la solución para las vías de escape parecer ser una ley que hace tabla rasa.

Eso sí, “no se tocan los espacios naturales protegidos”, menuda excusa no pedida. Hasta bueno estaría. Y se adorna mucho más: “Los principios de la reforma atienden pues al desarrollo sostenible (sic), como objetivo en todas sus nuevas dimensiones: movilidad, eficiencia energética (sic), conservación del paisaje (sic) y lucha contra el cambio climático”, seguramente a través de la oficina que la consejera Barreto anunció para diciembre y todavía sigue sin crearse. Pero se “promueve la contención en el consumo de suelo rústico” y se mantiene “la práctica prohibición de clasificar nuevos suelos turísticos”, dos eufemismos que en realidad esconden que ambas cosas pueden revisarse. Algo que, evidentemente, demuestra la la nueva Ley Turística que la patronal tinerfeña Ashotel le ha impuesto al alcalde-presidente de Canarias y que permite, prácticamente, darle a la hormigonera sin tino como en los peores años del desarrollismo turístico canario. Lo veremos este mismo martes en el plano del Parlamento.

http://www.eldiario.es/canariasahora/topsecret/Ley-Suelo-cuestion-lenguaje-estilo_6_487211315.html