10 dic 15. La Unidad de Atención a la Drogodependencia de Arucas se ha concentrado esta mañana para sumarse a la marea naranja que lucha por el mantenimiento de los servicios sociales de los ayuntamientos frente a las pretensiones del gobierno estatal de Rajoy para desviarlos al gobierno canario.
Sí a los Servicios Sociales Municipales ¡Defiéndelos!
En el momento actual en el que nos encontramos, es ineludible el análisis específico de las consecuencias para los Servicios Sociales de la aplicación de la Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. El día 1 de enero de 2016 entrará en vigor una parte de dicha Ley referida a los Servicios Sociales Municipales.
En ella se señala con claridad, en su Disposición Transitoria Segunda, punto 1 que “con fecha de 31 de diciembre de 2015 (…) las CCAA asumirán la titularidad de las competencias que se preveían como propias de los Municipios relativas a la prestación de los Servicios Sociales y de promoción y reinserción social” Y en el punto 2, “En el plazo máximo anterior (31.12.2015) y previa elaboración de un plan para la evaluación, reestructuración e implantación de los Servicios, las CCAA, en el ámbito de sus competencias, habrán de asumir la cobertura inmediata de dicha prestación”.
Si bien es cierto que la Ley 7/2015 del 1 de abril de Municipios Canarios establece en su Disposición Transitoria Primera que “las competencias atribuidas a los municipios por las leyes de la C.A. con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 27/2013 de 27 de diciembre de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local se continuarán ejerciendo por los mismos en régimen de autonomía y bajo su propia responsabilidad con el contenido y alcance establecido por la respectiva norma de atribución”, no aclara nada en relación a la evidente supeditación de esta norma local a la Ley estatal. Además valorándose que la Ley7/2015 es de rango menor a la estatal.
Ante la inminencia (el 1.1.2016) de la implementación de la LRSAL que materializa el desmantelamiento de los Servicios Sociales Municipales si no se garantiza la ficha financiera de sus costes, muchas voces de personas, organizaciones sociales e instituciones públicas han alzado su voz contra la misma exigiendo su paralización al menos en los aspectos relativos a la prestación de los Servicios Sociales.Así mismo desde la Viceconsejería de Administración Pública del Gobierno de Canarias se remitió un escrito a la Federación Canaria de Municipios planteando que “la Disposición Transitoria Segunda resulta inaplicable en Canarias porque la Ley Sectorial Autonómica atribuye las competencias en materia de prestación de Servicios Sociales a sus municipios”
Por otra parte el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, en un Comunicado de fecha 3.11.2015 expresa que: “En relación a las informaciones publicadas sobre la aplicación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (Reforma Local) en materia de traspaso de competencias, que actualmente prestan las Entidades Locales, relativas a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, y que podrían ser asumidas por las Comunidades Autónomas, el Ministerio de Hacienda y Administraciones aclara que dichas competencias estarán supeditadas a un proceso de reordenación competencial que necesariamente queda vinculado a un nuevo sistema de financiación autonómica y de las Haciendas Locales.
Por tanto, mientras no sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica y local, las competencias referidas en la citada Ley, en cuanto a la atención primaria de la salud, servicios sociales y educación, deberán continuar siendo prestadas por los Ayuntamientos.” Sin embargo este rosario de declaraciones y decisiones publicadas de forma apresurada por organismos autonómicos y estatales deja en el aire y sin respuesta alguna el tema esencial sin el cual no hay derecho ciudadano alguno que tenga en la práctica su reconocimiento real: la financiación suficiente y garantizada de los servicios sociales en los presupuestos estatales y autonómicos de 2016. Efectivamente, tal y como han afirmado alcaldes de distintos municipios, diversos Interventores y varios Secretarios de Ayuntamientos, la financiación de los Servicios Sociales Municipales tendría que correr a cargo de las CCAA, si se aplicara la LRSAL. Pero, con la suspensión por el Ministerio de dicha Ley en relación con los Servicios Sociales, no se habla para nada de dicha financiación sino que la misma se traslada a cuando “sean aprobadas las normas reguladoras del nuevo sistema de financiación autonómica”.
Ante esto creemos que hay un vacío en relación a la situación en la que van a quedar los Servicios Sociales Municipales a partir del 31 de diciembre de 2015, situación altamente preocupante para el derecho de toda la ciudadanía de esta Comunidad Autónoma a ser atendida y a participar en los Servicios Sociales Municipales. Por ello, consideramos necesario hacer visible esta situación a través de actos simbólicos.
LA UNIDAD DE ATENCIÓN A LAS DROGODEPENDENCIAS DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ARUCAS SE UNE A LA MAREA NARANJA
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