Los Lopesan, Satocán y demás emporios de la construcción se encargarán POR DÉCADAS Y DÉCADAS de agujerear las islas para llevar una bomba bajo nuestros pies y nuestras viviendas, primero a las capitales y después por años al resto de municipios, ya sea Teror, a Tejeda, a Arucas, al Teide, al Roque Nublo y hasta donde se precise.
El gas es un negocio de los de siempre, agravado con el gran peligro que suponen kilómetros y kilómetros de tuberías esparcidas por toda la isla. El interés de la multinacional no es el nuestro; el interés de las constructoras que gobiernan Canarias es asegurarse concesiones de dinero público POR DÉCADAS con sus maquinarias zanjando la isla de norte a sur y de este a oeste.
El respeto mostrado por Clavijo hacia la posición del Cabildo de Gran Canaria por implantar las renovables es una trampa porque los tiburones grancanarios de la construcción aguardan por otro tipo de concesiones siempre relacionadas con el gas y el petróleo.
Los Clavijo, los Soria, y la comparsa de socialdemócratas son sus títeres, les importamos un carajo, y quienes les voten son cómplices de este atraco.
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Entender por qué este conjunto de irrebatibles evidencias no modifican un ápice la apuesta por el GNL de los partidos institucionales exige conocer quiénes realizarán con la operación un negocio multimillonario. En el año 2005, el Gobierno regional privatizaba a dedo la Compañía Transportista de Gas de Canarias SA (GASCAN). Para repartir el pastel creaba ad hoc la entidad Regional Canaria de Energía S.L., integrada por un “selecto” grupo de empresarios de las dos provincias que se hicieron con el 40% de GASCAN por el módico precio de 1,6 millones de euros. Estos empresarios constituyeron sendas Sociedades Anónimas para canalizar su productiva inversión. Una en Las Palmas, denominada Agrupación Energética de Canarias, S.A. y formada por Lopesan, Satocan, Astican, Pérez Moreno, Laymos y Pedro Agustín del Castillo.
La otra en Tenerife, bajo la denominación de Inversiones Energéticas de Tenerife, S.A. Como accionistas de esta última figuraban las empresas de Pedro Suárez, Antonio Plasencia, José Fernando Rodríguez de Azero y Pedro Luis Cobiella. El pasado mes de septiembre la empresa Enegas - participada por Omán Oil Company, el banco Mare Nostrum, Cajastur, BBK y otros fondos de inversiones ingleses y americanos - compraba las acciones de los empresarios canarios, haciéndose con el 41,94% de la compañía. El resto queda repartido entre Endesa (47,18%) y Sodecan -perteneciente al Gobierno de Canarias- con un 10,88%.
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La Asociación tinerfeña acusa a la Compañía Transportista Gas de Canarias (Gascan) de falsear los planos aportados, y asegura que el núcleo urbano de La Caleta se ubica a 1.600 metros de distancia y el pueblo de San Felipe-Las Maretas a 1.800. "Esto hace necesario -afirman - un análisis pormenorizado que determine la distancia real ya que en caso de ser inferior a dos kilómetros se habrá incurrido en un fraude de ley por parte de Gascan al haber presentado una documentación que no se ajusta a la realidad". Sea como fuere, el aspecto más grave de la denuncia realizada tiene que ver con el hecho de que, de confirmarse su veracidad, la instalación pondría en grave peligro a los habitantes de las dos localidades mencionadas.
UNA LARGA HISTORIA DE ACCIDENTES MORTALES
El Gas Natural Licuado, en efecto, no es solamente una fuente de energía contaminante, que aumenta el problema de la polución medioambiental y agrava el cambio climático. También ha demostrado, a lo largo de la historia, su alto grado de peligrosidad. Instalaciones como la que se construirá en Granadilla - y se pretende imponer también en el municipio grancanario de Arinaga - han sufrido en todo el mundo accidentes con miles de víctimas mortales. En 1984 el siniestro de una planta de gas en México provocaba 5.000 muertos, 4.200 heridos y más de 1.000 desaparecidos. En 2004 otro accidente en una planta de Argelia costó 27 muertos y 80 heridos. Siniestros parecidos han tenido lugar en plantas recalificadoras de New York, Maryland y otras ciudades.
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