La juez del Juzgado de Instrucción número 1 de Arucas imputa varios delitos al alcalde de Teror, su hijo Abundio, el entonces edil de Urbanismo, Armando Santana, dos técnicos municipales y un profesional privado en el auto con el que ha cerrado las diligencias previas que instruye desde 2009 sobre una casa construida en Arbejales con una licencia de rehabilitación de una edificación agrícola situada en realidad a 200 metros de distancia y en la que no se ha movido una piedra.
El auto, de 27 de octubre, propone tramitar por procedimiento abreviado la apertura de juicio oral contra seis imputados y da diez días a las acusaciones personadas y al Ministerio Fiscal para formular escrito de acusación o de sobreseimiento. En concreto, imputa al alcalde y a su hijo un delito continuado de falsedad en documento oficial y otro contra la ordenación del territorio, sólo el segundo al entonces edil de Urbanismo, Armando Santana, y al secretario del Ayuntamiento, Rafael Lezcano, un delito de falsedad de certificado a la aparejadora A.B.M.C. y cinco delitos al arquitecto técnico Germán Acosta (dos contra la ordenación del territorio y uno continuado de falsedad en documento oficial, de falsedad de certificación y de negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos).
La jueza concluye que existió una maniobra «continuada y fraudulenta dirigida a dar apariencia de legalidad» a la creación de un chalé que, «de haber observado una tramitación rigurosa y no haber ocultado información y datos esenciales a los organismos competentes en ningún caso podría haberse autorizado» donde se construyó.
Los hechos datan de febrero de 2003, cuando Abundio Ramos pidió al Cabildo calificación territorial para rehabilitar un inmueble en Arbejales, presentando plano de situación, fotos e informes a favor de técnicos municipales. En octubre obtuvo el permiso para convertir en vivienda ese alpendre y pajar, en suelo rústico potencialmente productivo. En noviembre pidió licencia de obras, incluyendo una escritura de donación del suelo por sus padres, y en enero de 2014 se la firmó el alcalde. En marzo de 2005, el arquitecto la visitó y firmó que «se habían ejecutado conforme al proyecto y a la licencia otorgada». En abril el padre le otorgó la licencia de primera utilización al hijo, quien en octubre de 2007 solicitó la cédula de habilitabilidad que logró en marzo de 2008.
El pajar sigue en pie a 200 metros del chalé. El informe de la Agencia de Protección del Medio, de 2009, confirma que la solicitud de calificación se refería a un terreno en el que no estaba y concluye que las obras, hechas en el asentamiento agrícola Las Cadenas, «no eran legalizables».
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