Una semana después la Sra. Ministra concretó la feliz perspectiva: los ERES de despidos colectivos entre el personal laboral de las administraciones públicas.
En el horizonte de la Ministra y de su Gobierno la niebla se disipa y pasa a condensarse para desencadenar la tormenta sobre las cabezas de más de 700.000 trabajadores, “sobrantes” en un país que está por debajo de la media europea en % de empleo público, particularmente en el sector vinculado a los servicios sociales.
Con baba cínica y con indisimulada voluntad de aislar a los futuros condenados de la solidaridad social, vomitó la aberración social y jurídica de que se trataba, en fin, “de igualar el régimen de la regulación de los despedidos colectivos en las administraciones públicas al del sector privado”.
No hay nada de igual en lo que se dice se esté igualando: el sector público presta servicios, o los debe de prestar, de interés social, sin ánimo lucrativo y en la generalidad de los casos por imperativos legales que le impone a la administración las proclamaciones constitucionales del estado social y de derecho que no fueron nunca legado generoso de la divina providencia.
No pueden operar criterios “economicistas” y/o “mercantilistas” para determinar los niveles de empleo en el ámbito de los servicios públicos, aquí prevalecen raseros para la cobertura de la actividad de interés social.
Por otra parte, la causa que justifica el ERE conforme a lo ha aprobado por el Gobierno en el RD 1483/12 no es, porque no puede ser, la disminución de facturación o de pérdidas en la empresa, como sucede en el sector privado. Ante este inconveniente el gobierno del PP ha escogido el camino de la arbitrariedad. Será una decisión política, unilateral y arbitraria de disminución de la partida presupuestaria en el 5% lo que basta para habilitar el despido colectivo.
Dicho de otra forma, se trata de un despido preconstituido por la propia administración que despide, de imposible control por los afectados.
Debe considerarse igualmente que la inmensa mayoría de los servicios que presta la administración son deficitarios por definición y en consecuencia, siguiendo la lógica “neoliberal”, susceptibles de ser liquidados .
En esta regulación del ERE en las administraciones públicas se excluye formalmente la obligación de descartar opciones alternativas al despido, lo que, a nuestro juicio, redunda en su inconstitucionalidad como apuntaremos más adelante.
Entre tanto, el Gobierno de Canarias (Coalición Canaria y PSC-PSOE) viene a decir que “esto no le gusta, pero no va a quedar más remedio” y ya apunta directamente, para abrir boca, a los trabajadores del Servicio Canario de Empleo. Por cierto, un porcentaje muy amplio de los laborales “indefinidos” de este servicio acaban, como quien dice, de sufrir un monumental fraude de ley “sorprendentemente” convalidado por la jurisdicción social: “proceso selectivo en la modalidad de concurso oposición regido por los principios de publicidad, mérito y capacidad, para ocupar plazas vacantes pero ¡¡¡¿¿¿EN LA CONDICIÓN DE INDEFINIDOS!!!???.
En la confirmación de este fraude por los tribunales sucede como en aquella política de Orson Wells “El Proceso” basada en la novela homónima de Kafka: Anthony Perkins es procesado y condenado sin enterarse del por qué. La obligación legal es la de convocar periódicamente procesos selectivos para ocupar con empleo fijo las plazas vacantes. Mas allá de burlar la ley para precarizar relaciones laborales que deberían ser estables ¿qué sentido tiene convocar procesos selectivos, respetuosos de los requisitos formales, para poner en el lugar que corresponde a un fijo un temporal “indefinido”?.
El Gobierno de Canarias mejor haría ahora, ya que “no le gusta” la barbaridad del “Gobierno de Madrid”, corregir ese fraude y aplicar la norma defraudada que conduce a la fijeza.
En todo caso y aparte de la fundamental contestación social, que ahora lleva el sello de la huelga general del 14 de noviembre, desde mi punto de vista hay defensa jurídica.
Por imperativo constitucional las administraciones públicas no pueden actuar de manera arbitraria, tienen que informar su política social con el principio del pleno empleo, y, sobre todo, no pueden derogar la primacía del derecho del trabajo y a la estabilidad en el empleo, de lo que se sigue, inexcusablemente, la consideración del despido como último remedio ante causa grave que no tenga opción alternativa.
En el marco del despido, debe añadirse, que toda vez que las normas, por exigencia legal, hay que aplicarlas con arreglo a la realidad social, las que habilitan para el despido tienen que apurar, hasta el límite, la interpretación restrictiva en tanto conciernen a un bien escaso, vital, de primera necesidad.
En pocos años el trabajo, como bien jurídico protegible, ha cambiado radicalmente de contenido, de valor objetivo, en el marco de esa realidad social. El daño producido con el despido no es ahora “simplemente” dejar de ser trabajador activo para ser trabajador en paro.
El daño que causa el despido es cien veces mayor que antes, porque es cien veces más difícil que antes poder reponerse en el ejercicio del derecho; es dejar de ser trabajador para engrosar la lista de condenados al infierno de la exclusión social o para ser situados en la frontera misma de la marginalidad. La pérdida de trabajo sería hoy, en amplia medida, integrable en la prevalencia del “derecho de penuria” del que hablaba Hegel.
No puede perderse de vista, por último, que la razón profunda de este nuevo hachazo a los derechos más básicos de los trabajadores no la vamos a encontrar en el “déficit” -déficit que se constituye con deuda privada travestida en deuda pública- sino en una tendencia tan natural en el sistema capitalista como la que impulsa al escorpión a clavar su rejo venenoso sobre el cuerpo de la rana en la que cruza el río, aún a riesgo de ahogarse: privatizar y mercantilizar todo lo susceptible de extraer beneficio ya sea a costa de los trabajadores, de los consumidores, de las transferencias de los dineros público… por lo común, de todo ello junto.
El próximo 14 de noviembre --Huelga General y Manifestación--, hay que darles una respuesta. Nos va mucho en ello.
Joaquín Sagaseta es abogado laboralista y militante político y social.
Las Palmas de Gran Canaria. Jueves, 01 Noviembre 2012
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