Grupo Municipal Socialista: La subida del agua (IPC y subvención) viene contemplada y obligada en unos pliegos que el PSOE rechazó

EL PSOE YA ADELANTÓ EN EL AÑO 2009, ESTANDO EN LA OPOSICIÓN, QUE CON ESOS PLIEGOS EL AGUA SUBIRÍA EN EL AÑO 2012

10 ago 12. El Partido Socialista estando en la oposición se manifestó claramente en contra de la privatización del Servicio de Aguas. De hecho, el voto de los nueve concejales socialistas fue en contra de esa privatización.

Fuimos muy críticos en su momento y adelantamos con claridad que con esos pliegos y con el contrato que se firmó bajo la alcaldía del PP el agua subiría en el año 2012.

Así ha sido. La empresa que lleva la gestión ha exigido que se compense un desequilibrio económico-financiero por conceptos como la subida del Índice de Precios al Consumo o la pérdida de la subvención al agua desalada desde el año 2009 hasta hoy.

Es más, tal y como el PSOE trasladó en el Pleno, a las pocas semanas de llegar la empresa, y no teniendo el PSOE conocimiento hasta ahora de que existía un informe, desde los servicios municipales se acreditaba a través de tal informe, firmado por funcionario municipal, que la empresa tenía derecho a la revisión de tarifas contemplada en el estudio económico ofertado, y que, por tanto, exigiría la subida de la tarifa del agua.

Tanto los pliegos como el contrato que rechazó el Partido Socialista dicen claramente en distintos artículos, que el IPC debe pagarse y también compensar a la empresa en el caso de perder la subvención.  Concretamente la cláusula quinta del contrato firmado por el alcalde del PP y la empresa, afirma “que las tarifas a percibir por los usuarios no pueden experimentar un incremento superior al del IPC durante los tres primeros años”, es decir, que después de los tres primeros años (y se cumplen en el año 2012), la tarifa puede incrementarse en otros conceptos, además del IPC.  Por tanto, esta cláusula de un contrato que el PSOE rechazó, no da opción al Ayuntamiento (según los servicios técnicos y jurídicos) más que a su obligado cumplimiento.

Del mismo modo, en el pliego de cláusulas administrativas se afirma en su cláusula vigésimosegunda punto dos establece que la revisión de las tarifas “ deberá formalizarse por la Corporación de oficio o a instancia del Concesionario”, este es el caso, “por la modificación sobrevenida de las condiciones técnico-económicas del Servicio de Abastecimiento de Agua y Saneamiento”. En este caso, la disminución de la subvención del agua desalada, está recogida en este supuesto por los informes técnicos y jurídicos y ha de ser abonada por parte del Ayuntamiento.

Desde el Partido Socialista lamentamos que aquellos que en su momento aprobaron con su voto favorable, en febrero de 2009, esos Pliegos son quienes ahora, cuando estamos obligados tal y como afirman los informes técnicos y jurídicos a asumir los mismos, votan en contra.

Igualmente es lamentable que desde la oposición (PP-NC) no se traslade  la verdad sobre el no cobro a los ciudadanos del desequilibrio económico-financiero. Si, como pide la oposición, el Ayuntamiento se hace cargo del desequilibrio económico-financiero (unos 400.000 euros/año) NO CUBRIRÍAMOS siquiera lo que Canaragua nos ingresa (300.000 euros/año).

Es decir, arrastraríamos con el dinero de todos (el Ayuntamiento) un déficit inicial de  - 100.000 euros anuales. Y decimos inicial porque YA EL AYUNTAMIENTO SOPORTA CON SUS FONDOS con respecto a Aguas los siguientes conceptos:

a) La diferencia en el tratamiento del agua residual, que cobra el Cabildo de Gran Canaria y que supone unos 400.000 euros al año.

b) Los salarios de los trabajadores que antes estaban en el servicio de aguas y que se han quedado en el Ayuntamiento, que suponen también unos 400.000 euros anuales.

c) A partir de enero de 2013 y porque así está establecido en los pliegos, el consumo municipal que puede estar cerca de los 200.000 euros al año y que también lo tendrá que asumir el Ayuntamiento.

​Estos tres conceptos no se recargan a los ciudadanos por decisión del gobierno municipal en el que está el Grupo Socialista.

Además se pretende confundir a la ciudadanía con respecto a los 2 millones de euros que Canaragua debe ingresar como si fuera una aportación permanente o del actual ejercicio económico, cuando en realidad es un acumulado de varios años de canon (600.000 euros) y sólo una parte de lo que el Ayuntamiento YA ha pagado al Cabildo por el tratamiento de agua residual (1,4 millones de euros) y que hemos soportado desde las arcas municipales, dinero de todos.

La única verdad es que Canaragua, que es quien cobra a los vecinos, ingresa al Ayuntamiento unos 300.000 euros al año, y sin embargo el Ayuntamiento pone o tendrá que poner de sus fondos para Aguas cerca de 1 millón de euros anuales.

Otra de las afirmaciones falsas que se han realizado en estos días es que la pérdida de subvención de agua desalada se debe al PSOE en Madrid.  Si bien es cierto que en el año 2010 el Gobierno de España  redujo en 7 millones de euros la subvención, es ahora, con el PP en el Gobierno Central cuando se produce otra reducción de 5 millones de euros, lo que supone que la disminución total de la subvención del agua desalada para Canarias con el PP sea de 12 millones de euros. Curioso es que nada diga la oposición (PP-NC) que en el año 2009, en vez de aceptar lo que correspondía por canon ese año, hipotecó al Ayuntamiento con el adelanto en ese ejercicio los ingresos de aguas de 10 años, es decir, 4’5 millones de euros. En septiembre de 2009, tal y como se afirmó en el Pleno, ya no quedaba nada de ese dinero, excepto la hipoteca que supone que para poder resolver el contrato con la empresa, habría que abonar esos 4’5 millones de euros.

También tenemos que afirmar que el porcentaje de subida en la tarifa que llega al 18 % no lo decide el Gobierno municipal, sino que es resultado de un trabajo técnico y jurídico de semanas e incluso de meses que rechaza la petición de Canaragua de más del 62% y concluye que sí tiene derecho al incremento del 18%.

A todo ello decir que durante dos meses se ha trabajado desde el gobierno municipal para desbloquear demandas judiciales que estaban sobre la mesa, y eso  es lo más importante.  Se ha conseguido acordar y firmar con la empresa para que el Ayuntamiento no sufra en el futuro consecuencias judiciales perniciosas para el municipio, de cuyos ejemplos tenemos bastantes muestras (sentencias urbanísticas millonarias, sentencias patrimoniales...).

El Ayuntamiento y la empresa han llegado a un buen acuerdo que hace que la empresa no exija cuestiones que históricamente venían solicitando y que podían llevar consigo indemnizaciones millonarias contra los ciudadanos de Arucas sin darle más a cambio que lo que por contrato les corresponde.

Por último afirmar que no es el Ayuntamiento sino la Comisión Territorial de Precios, con sus técnicos y responsables, quien tiene la última palabra sobre el porcentaje de subida de tarifas y así quedó claro en la presentación en el Pleno por el Alcalde de Arucas, el socialista Ángel Víctor Torres.