Las cosas del PP

12 ene 11. Marisol Collado Mirabal
A la vista del último comunicado del PP en relación al acuerdo adoptado en el Pleno para rechazar el pago de una factura sobre proyecto de cubierta del antiguo mercado municipal, haré unas breves reflexiones.

Una empresa reclama el pago de una factura consistente en la redacción de un proyecto. La misma empresa aporta, en el momento de la reclamación del pago, la fotocopia de un Decreto sin tramitar firmado por el anterior Alcalde Sr. Ponce. Solicitados un total de cuatro informes técnicos para determinar si procede o no el pago de dicha factura (dos informes emitidos por técnicos de la oficina de Patrimonio Histórico, un informe emitido por el Técnico de Administración General del Área de Administración y un cuarto emitido por el propio Interventor), todos ellos coinciden en la improcedencia del pago de la factura, llevándose el asunto a Pleno donde, con la abstención del PP, se adopta acuerdo mayoritario en el sentido indicado por los informes emitidos de no abonar la factura reclamada.

Así quedaba la cosa cuando el PP nos regala uno de sus acostumbrados comunicados/panfletos en el que, sin venir a cuenta excusa alguna por su parte (¿recuerdan aquello de “excusatio non petita, accusatio manifesta”?) se escandaliza vehementemente del acuerdo adoptado por el Pleno, dirigiendo sus críticas públicas al informe emitido por uno de los Técnicos municipales, revelando así una total y absoluta falta de respeto por la independencia de criterio profesional que en todo momento debe presidir la actuación de nuestros funcionarios y trabajadores municipales. Al parecer al PP le molesta en exceso dicha independencia de criterio y le gustaría que todos los informes que se emitan fueran de su gusto. Se puede discrepar, como no podía ser de otra manera, pero con argumentos, con criterios, no dejando caer extrañas y veladas acusaciones. Hasta este preciso informe, el aproximadamente nº 157? que hace este trabajador, el PP no había dudado de sus competencias.

Nos dice el PP, nada más y nada menos, que la culpa de que dicho Decreto no se tramitara correctamente fue de los funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento y en ningún caso de los políticos (vuelve la teoría de la “conspiración funcionarial”… ¿se acuerdan de la gasolinera de Los Portales donde al parecer tampoco ningún político fue responsable de nada?). Y a esta conclusión ha llegado el PP después de realizar (dice) las “consultas oportunas” (¿a quién?) después del Pleno. Claro, no antes de la Comisión Informativa, donde se llevó por primera vez este asunto, al estudiar los expedientes, no; no entre la Comisión y el Pleno o cuando se convoca el mismo, tampoco. Pues bien, examinada cuidadosamente toda la documentación que ha sido puesta a disposición de los concejales y concejalas en relación a este asunto, se deduce lo siguiente:

- No existe informe alguno que motive la necesidad o conveniencia de llevar a cabo la contratación del proyecto a la empresa que reclama la factura, informe que según la normativa de contratación es obligatorio (incluso en contratos menores).

- No existe informe alguno que justifique la diferencia de tan sólo 1 céntimo con el límite para tramitar un procedimiento de licitación pública, habiéndose pretendido en este caso adjudicar la redacción de un proyecto “a dedo”.

- No existe ningún informe de fiscalización del interventor previo a la firma del Decreto, siendo falsa la afirmación que realiza el PP de que el informe emitido por el Técnico de Administración General entra en contradicción con informes positivos de intervención, siendo éstos inexistentes. Lo único que firmó el Interventor de forma previa a la firma del Decreto fue una simple retención de crédito, no un informe de fiscalización, que en ningún momento le fue solicitado.

- No existe el contrato que debió elaborarse y firmarse por ambas partes (Ayuntamiento y contratista) según establece el propio Decreto.

- En definitiva, por no existir, no existe ni expediente administrativo. Tan sólo la fotocopia de un Decreto firmado por el anterior Alcalde, Don José María Ponce, adjudicando la redacción de un proyecto “a dedo” sin que se haya efectuado tramitación alguna conforme establece la legislación vigente.

El PP oculta maliciosamente que sí existe, en cambio, un informe actual del Interventor (uno de los cuatro informes ahora sí emitidos), que suscribe íntegramente el informe del Técnico de Administración General y que concluye también en la improcedencia del pago de la factura.

Y ahora nuestras dudas:

- Si en realidad nunca se tramitó un expediente administrativo en relación con este asunto, porque todo se gestó en los despachos políticos de los Concejales a los que el Sr. Ponce aludió expresamente durante el Pleno municipal ¿cómo es posible que se impute responsabilidad alguna a los funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento?

- ¿Por qué el PP en su comunicado se limita a criticar un informe jurídico emitido por un Técnico Municipal cuyas conclusiones no comparte y en cambio calla por completo la gravísima circunstancia de que la copia de un Decreto sin tramitar haya ido a parar a manos privadas por cauces desconocidos?

- Si el Decreto nunca fue tramitado ni notificado formalmente, como el propio Sr. Ponce reconoce, ¿acaso no incurre también en responsabilidad quien hizo el encargo, al parecer verbal, de la redacción del proyecto? ¿Quién fue esa persona o personas? ¿Acaso quiere hacernos creer el Sr. Ponce que fueron también funcionarios o trabajadores del Ayuntamiento?

- ¿Cómo es posible que tan sólo 1 céntimo marque la diferencia en este caso con un procedimiento de licitación pública?

Nos gustaría que la empresa fuera al juzgado, que diga quién le facilitó el decreto, documentación interna del Ayuntamiento, que diga quién le encargó el proyecto, sin informes justificativos y sin contrato detallando los pormenores del mismo. Nos gustaría que el juzgado depurara responsabilidades y que los responsables directos, quienes tramitaron y gestionaron este asunto, mencionados por el Sr. Ponce en el Pleno, y los indirectos, conocedores, avalistas, consentidores, respondan con su patrimonio, no con el de todos.