El PP solicita informe sobre el acuerdo del Pleno para rechazar pago del proyecto de cubierta del antiguo mercado

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En Arucas, a 6 de enero de 2011

EL PP DE ARUCAS SOLICITA A LA SECRETARIA GENERAL INFORME SOBRE EL ACUERDO ADOPTADO EN EL PASADO PLENO PARA RECHAZAR EL PAGO DEL PROYECTO DE LA CUBIERTA DEL ANTIGUO MERCADO MUNICIPAL

El acuerdo Plenario de no pagar 17.999 euros del proyecto “Modificación de la cubierta superior del antiguo mercado municipal”, puede ser otra decisión equivocada y desde el PP planteamos dudas durante el Pleno, por carecer de la información necesaria, dudas que aumentaron después de lo acontecido por lo poco concluyente que fue este gobierno PSOE y CC y por lo insuficiente de los informes en lo que se apoyaron para denegarlo, donde incluso el propio alcalde, después de la intervención del PP, planteó dejar el expediente sobre la mesa.

Recordar, que el proyecto se encargó con el conocimiento del anterior gobierno PP y CC al completo (incluido el actual alcalde y concejala de hacienda) para estudiar la mejor solución para el aparataje técnico-eléctrico en la cubierta del centro comercial, necesario para el funcionamiento de las distintas actividades empresariales, incluida la unidad alimentaria. Al mismo tiempo, y de forma preferente, tal y como define el proyecto, realizar un estudio global de la cubierta para su mejor integración en el casco histórico, de un edificio que es propiedad municipal y está cedido en régimen de concesión administrativa.

Para ello, se hizo la tramitación que estipula la legislación vigente, esto es, la Retención de Crédito desde el área de urbanismo que se traslada a los servicios económicos, quienes emiten y validan el preceptivo documento de fecha 29 junio de 2009 firmado por la señora concejala de hacienda (de antes y ahora) y del señor interventor.

Interventor, que tiene dentro de sus funciones la critica previa de todo acto, documento o expediente susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico, así como la intervención formal de la ordenación del pago y su fiscalización.

Seguidamente se emite el Decreto, donde se hacen constar los datos de la Retención de Crédito y el objeto del mismo y se pasa a la firma del alcalde y secretario para notificar la aprobación del gasto y la ejecución del contrato para la Asistencia Técnica.

Resulta curioso, que donde antes había documentos validados por el interventor, secretario, alcalde y concejala de hacienda, ahora se lleve a pleno con los informes emitidos por técnico de Administración General. Un informe que se fundamenta para denegar el pago, en estimar ser un requisito imprescindible para la validez del Decreto su registro, la preceptiva firma de un contrato, no cumplir el proyecto con el PERI del casco y finalmente, y que quien debe pagarlo es el concesionario.

Nos preocupa que el informe del técnico diga que el proyecto incumple el PERI por excederse en 2’60 metros, porque era y es una cuestión subsanable por la empresa.

Nos preocupa, se afirme que en un edificio público entregado en Concesión Administrativa, pero que sigue siendo propiedad municipal, se informe no proceder asumir el coste de un proyecto, cuando se realiza para un mejor estudio y solución de las acciones que afectan al casco histórico y que era necesario establecer límites y parámetros al concesionario, y sobre todo, reducir el impacto de una cubierta superior que no agrada y que había suscitado una gran controversia y rechazo.

El PP recuerda que en el Anteproyecto de estacionamiento bajo el antiguo mercado municipal y la actual plaza de la Constitución, y la reestructuración del mercado para centro comercial define las actuaciones del concurso para adjudicar la concesión administrativa en el año 2001 (Lo que hoy causa alarma a algunos, no en aquella ocasión, y les gusta denominar privatización) y dice: El antiguo edificio del mercado y los terrenos que se vinculan a la concesión administrativa y sobre los que se habrá de edificar son entregados por el ayuntamiento al concesionario libre de cargas y constan de una superficie de 3300 m2, bajo el espacio urbano actualmente ocupado por el antiguo edificio del mercado municipal y la plaza de la Constitución y las calles Panchito Hernández y Servando Blanco.

En el párrafo 4 de la cláusula 6 dice: El ayuntamiento de Arucas no participará en la financiación de las obras ni de los servicios bajo ninguna modalidad salvo eventualmente en los supuestos de imposición de mejoras o ampliaciones no establecidas. El PP tiene claro, que quien tiene la inquietud de mejorar el aspecto de la cubierta es el ayuntamiento y no el concesionario y de ahí este proyecto.

Lejos de contradecir el PP con lo expuesto en ningún informe de funcionario, sí queremos dejar bien claro que nuestra solicitud de informe jurídico aclaratorio, se basa en las contradicciones de los informes positivos de Intervención que dieron curso al expediente y ahora sobre la misma cuestión, informes negativos de Técnico de Administración General que realiza consideraciones jurídicas, pero que quien debe emitirlo es, el Servicio Jurídico municipal o la Secretaria General, (que según la legislación vigente, establece entre sus competencias, el asesoramiento legal preceptivo),

Adolece el expediente llevado a Pleno de información aclaratoria sobre si hubo o no intención política de parar el Decreto o si se debió a un error administrativo de tramitación. Algo que hubiese sido muy sencillo de conocer y que da que preguntar, ¿queda algún miembro de CC que gobernara con el PP?

A lo visto no, porque tuvo que ser tras el pleno el PP quien tuvo que realizar las consultas oportunas para afirmar que ningún político paró el Decreto y que este debió haberse tramitado administrativamente.

De conocer este dato el PP en vez de abstenernos en el Pleno, habríamos votado a favor de pagar el proyecto por entender, que un Decreto firmado por alcalde y secretario tiene plena validez interna y por la falta de informe preceptivo del Servicio Jurídico o Secretaria General que validara el informe del técnico que se ampara en un error administrativo de tramitación del Decreto pese a que quienes lo firmaron acepten haberlo hecho.

En consecuencia por los motivos expresados el PP está convencido que la empresa irá al Juzgado, cobrará la factura, y el ayuntamiento además tendrá que abonar los intereses y costas del juicio. Nosotros no seremos culpables de ello. ¿Se justifica dilapidar dinero público?

Entendemos que de haberse tramitado administrativamente el Decreto como se debía, habría conducido al pago de la factura y llegados aquí creemos que lo procedente, desde que se ha autentificado el documento, se debería haber registrado, dado trámite, e inmediatamente, abrir las diligencias oportunas para que quienes hayan caído en responsabilidad la asuman, pero para ello, no es necesario que nuestro ayuntamiento se vea obligado a pagar intereses y costas innecesarios.

Grupo Municipal del PP