Quieren acabar con el derecho a huelga

26 jul 10. El PP profundiza la campaña neoliberal del PSOE y ahora propone acabar de facto con el derecho a la Huelga. El derecho a la Huelga y los convenios en el punto de mira...

Con los ecos de la Huelga de los trabajadores del metro de Madrid todavía resonando en los oídos de los partidos neoliberales y sus medios de comunicación serviciales y afines, el Partido Popular nos muestra ahora cuál es el futuro que nos espera a las clases trabajadoras del Estado español en los próximos años, salvo que el ejemplo de lucha y dignidad dado por los trabajadores/as del metro madrileño, así como otros muchos que poco a poco empiezan a emerger por toda la geografía estatal, se siga extendiendo y seamos las propias clases trabajadoras quienes consigamos echar abajo los planes neoliberales impuestos desde la UE y el FMI a la colonia española, y defendidos por igual por los dos principales partidos políticos del Estado.

Ahora, tras la presentación de la reforma laboral de Zapatero, que abarata el despido y abre el camino para una absoluta flexibilización del mercado laboral español, donde los trabajadores/as no sean más que mera mercancía económica que los empresarios puedan contratar y despedir a su gusto, que otorga a las empresas todo el poder de decisión sobre el futuro laboral de los trabajadores/as y da pie a que las empresas puedan echar mano de la picaresca y la triquiñuela contable para declararse en mala situación económica y poder despedir así a cuantos trabajadores les parezca oportuno y sin impedimento legal de ningún tipo, el Partido Popular quiere ir todavía un poco más allá: Directamente quiere prohibir de facto el derecho a Huelga de los trabajadores/as, para que así, además, no podamos siquiera tener derecho al pataleo, que es como ellos entienden, han entendido y seguirán entendiendo las protestas laborales.

El PP quiere prohibir el derecho a Huelga cuando "tengan por objeto alterar, durante su vigencia, lo pactado en un convenio colectivo". La propuesta, que implicaría cambiar el Estatuto de los Trabajadores, supondría en la práctica eliminar de facto el derecho de huelga, ya que equivale a prohibir una protesta sindical incluso cuando se negocia un nuevo convenio, si el anterior está todavía vigente. La petición del PP figura en una de las 71 enmiendas que ha presentado este partido al proyecto de ley de reforma laboral que actualmente tramita el Congreso. Su objetivo, expresado además con toda claridad y sin ningún tipo de cortapichas o eufemismo, no es otro que "fortalecer la flexibilidad interna en las empresas y el descuelgue de los convenios". Es decir, dar al empresario toda potestad para despedir cuantos trabajadores/as considere oportuno, y negar al trabajador/a todo derecho a poder protestar contra ello.

Pero las propuestas del PP van más allá: quieren también que, en caso de supuestas dificultades económicas, una empresa pueda descolgarse totalmente del convenio que le sea de aplicación. La reforma propuesta por el Gobierno limita el descuelgue en caso de problemas económicos a las subidas salariales que establezca en el convenio. Los convenios colectivos, de aprobarse esta enmienda, pasarían así a ser auténtico papel mojado y sin validez jurídica alguna caso de que así lo considere oportuno el empresario, siempre y cuando pueda demostrar que la situación económica de su empresa atraviesa por malos momentos. Si falsear una cuenta de resultados para presentar beneficios donde sólo existen pérdidas es una práctica que habitualmente no ha sido demasiado dificil de llevar a cabo por ciertos gestores empresariales, o la falsificación de beneficios para evitar al fisco, no queremos ni pensar lo sencillo que podrá llegar a resultarles ocultar sus beneficios para llevar a cabos sus estrategias de purga laboral contra los trabajadores-mercancía a sueldo. La medida propuesta, pues, no es más que una anulación soterrada de la validez jurídica de los convenios.

Además, en su afán por flexibilizar la contratación, los populares dedican varias enmiendas a reforzar el papel de las empresas de trabajo temporal (ETT), ampliado considerablemente en el decreto que el Gobierno aprobó en junio pasado. Entre otras cosas, el PP propone eliminar los importantes límites que actualmente existen a la utilización de las ETT por parte de la Administración pública. La ley de Contratos del Sector Público prohibe al Estado contratar los servicios de las ETT "salvo cuando se precise la puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, toma de datos y servicios análogos". El PP propone que el Estado pueda utilizarlas para cualquier actividad.

Obviamente, no es más que una privatización encubierta de los servicios públicos actualmente prestadod por el INEN y demás organismos públicos actualmente encargados de gestionar el desempleo, así como una sustitución encubierta de la demanda de funcionarios y personal laboral por la Administración pública, por una oferta de bolsas de empleo gestionadas por empresas privadas de las cuales las administraciones públicas se servirían para cubrir su propia demanda de empleo público. Es decir, abrir legalmente la puerta a una "terciarización" de la administración pública, según definen en América Latina a estas prácticas bastante habituales por allí desde la llegada del neoliberalismo en los años 80. Otra estrategia más, en definitiva, para que el dinero público acabe siendo aspirado por intereses privados, que no serían precisamente los intereses de los trabajadores/as, sometidos desde ese momento a las condiciones contractuales impuestas por las ETT, sino a los intereses de estas mismas ETT, auténticas esclavistas del siglo XXI.

Vuelve a quedar claro, pues, que la mal llamada oposición, vivamos bajo un gobierno del PSOE o bajo un gobierno del PP, con su consecuente alternancia en el poder ejecutivo y legislativo del Estado, no es otra cosa que una profundización continua de la estrategia neoliberal para desmantelar el Estado del bienestar español, y acabar progresivamente con todos los derechos civiles, políticos y laborales que con tanto esfuerzo las clases trabajadoras consiguieron arrancar, a base de lucha, sangre, sudor y lágrimas, al poder burgués dominante. Así llevamos los últimos treinta años de esta seudodemocracia española, que no es más que la continuación encubierta del anterior régimen franquista, enquilosado, anclado y ramificado en toda la estrutura política, jurídica, económica y social de esta España rancia y casposa del siglo XXI.

Eso sí, no olviden sacar sus banderas de España a los balcones.¡Hay tanto que celebrar!

Fuente: magec. info y Kaos