13 jun 10. Luis Pérez Aguado
Parece que las cosas se les ponen difíciles a los letrados del turno de oficio. Ya estaban “dobladitos” como una alcayata y ahora, por si no tenían bastante, viene y pare la abuela. Y es que hay cosas que cuesta entender.
Cuesta entender que, mientras en la administración, en los tiempos que corren, se mantienen gastos superfluos y se sigue derrochando dinero a mansalva, se hayan fijado, para disminuir el déficit público, en el salario de aquellos que estaban mal pagados o que cobraban, incluso, pasados los seis meses.
El recorte que tiene previsto realizar el gobierno de Canarias, por iniciativa de la Consejería de Presidencia, Justicia y Seguridad, en temas de asistencia jurídica, reducirá el número de letrados en determinadas guardias.
No parece lógico que un servicio tan esencial como es el de la violencia machista se vea perjudicada por este recorte. Situémonos, por ejemplo, en Fuerteventura. El partido judicial de Puerto del Rosario es de los más extensos del país, pero, a partir de ahora, sólo habrá un letrado de guardia para cubrir toda la isla. Por desgracia, no sería la primera vez que se producen al mismo tiempo agresiones machistas en lugares tan distantes como es Morro Jable y Corralejo, con lo que, difícilmente, el único abogado de guardia existente podrá asistir a las victimas.
Esto no parece serio cuanto más que, los fines de semana, la reducción de letrados todavía será mayor. Seguramente, esto será así porque los sábados y domingos la gente no acude a las fiestas. Estará en casa durmiendo todo el día.
Pero es que la gracia continua, porque, además, la nueva fórmula indica que los letrados del turno de oficio deben trabajar gratis.
Para las guardias asistenciales en extranjería y violencia de género los letrados deberán estar disponibles las veinticuatro horas, pero si no se producen contingencias (a partir de ahora, con la nueva reforma) no cobrarán. Vaya jeta ¿no? ¿En base a qué misterio se pretende que el abogado del turno de oficio sea diferente a otros profesionales? ¿Qué diría de estas pretensiones un médico, un agente del orden o un bombero, si no pudiera disfrutar de ese magnífico día festivo en el campo con su familia o ese otro maravilloso en el que la playuquí le está llamando desesperadamente, pero a la que, con todo el dolor de su corazón, no tiene más remedio que darle la espalda, porque le tocó un servicio de guardia. Para que luego venga el iluminado de turno, con la única autoridad que le da el tener un rostro a prueba de bomba, y le niegue la gratificación económicamente que debería corresponderle, con el cuento de que el día fue tranquilo y nadie tuvo la feliz idea de ponerse malito o no gozó de algún revés de fortuna.
En estos malos tiempos, la asistencia jurídica gratuita se ha disparado, pero, para ahorrar dinero a la administración, la nueva receta obliga a los propios letrados a que sean ellos los que deban averiguar si las victimas y otros posibles usuarios pueden o no pagar estos servicios, con lo que la cosa se complica aún más, pues son funciones que no les corresponde.
No parece serio, y, carece de toda lógica, que para reducir el déficit y tapar los agujeros que han provocado los mismos políticos y gestores que arruinan nuestra comunidad, se degraden los servicios públicos reduciendo la presencia de abogados en las guardias y rebajando el coste de la prestación cuando, además, existen partidas presupuestarias fácilmente suprimibles.
No se entiende, por ejemplo, que el gobierno de Canarias destine cerca de cuarenta millones de euros para alquileres de inmuebles, y, sin embargo, mantenga cerrados edificios de su propiedad, como es la antigua sede de la Consejería de Economía y Hacienda en Santa Cruz de Tenerife, por citar alguno.
Es difícil entender, con la que está cayendo, que, a estas alturas cercanas a finalizar la legislatura, se destinen más de 150.000 euros para contratar asesoramiento técnico para un gabinete de prensa, que tiene sus propios periodistas o que se realicen encuestas, que cuestan un ojo de la cara, para averiguar si los usuarios de los campos de golf están satisfechos.
No parece normal, tampoco, que para gestionar la recaudación de los recursos del Régimen Económico y Fiscal se gasten veintinueve millones de euros. Repito, sólo para gestionar.
Cuesta entender -si no fuera porque hay que cubrir los improductivos equilibrios internos y colocar personal amigo- que exista duplicidad de dependencias que realizan las mismas funciones dentro del mismo gobierno autonómico.
Así, existe una dirección general de Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías y una agencia canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información; una consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial y una agencias del Desarrollo Sostenible y el Cambio Climático, pero, también, existe para desarrollar parecidas funciones otra agencia de Protección del Medio Urbano y Natural. Hay, igualmente, una dirección general de Infraestructura Turística, y una agencia canaria de Rehabilitación de la Planta Alojativa Turística.
Y todas ellas, lógicamente, con sus correspondientes ejecutivos, asesores, personal administrativo, secretarios, gastos de representación, dietas, coches oficiales, teléfonos, oficinas diversas, etc.
Por eso, cuando, con la boca llena, se alude que la canaria es una de las comunidades con menos consejerías, sin faltar a la verdad, se cuenta sólo la mitad. ¿Cuántas vicedirecciones, direcciones generales, comisionados de Acción Exterior, con rango de consejería (a pesar de que Canarias no tiene competencias en Asuntos Exteriores), más viceconsejerías para emigración y cooperaración con el exterior, agencias, patronatos, chiringuitos, máquinas de gastar y comprar votos a cambio de empleos, hay detrás de cada una de ellas?
Mientras se derrocha en asesores que necesitan de otros asesores para asesorase, ya que, en ocasiones, su alto cargo, producto de la cuota regional o insular que le ha tocado en suerte, tampoco está muy puesto en la cosa pública ni en las responsabilidades de la Consejería que le ha tocado como si de un premio de tómbola se tratara. Los técnicos de la Consejería podrían sacar adelante los proyectos, pero como estaban de “antes”, con el anterior equipo, pues no se fían y así sube el número de “quietos” que no de parados, que están desaprovechados. Los técnicos competentes están “aparcados” merced a esta incompetencia de los jefes y ahora hay que gastar para encargar los trabajos técnicos a gabinetes exteriores.
Es así como se vacían las arcas y se desequilibran los presupuestos. Pero para que los mismos puedan seguir malgastando el dinero a su antojo y puedan seguir cometiendo despropósitos es necesario que otros trabajen gratis.
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