Indefensión a multitud de ciudadanos con el IBI

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Arucas a 14 de enero de 2012


EL PP DENUNCIA QUE EL GOBIERNO DEL AYUNTAMIENTO DE ARUCAS DEJA EN INDEFENSION A MULTITUD DE CIUDADANOS CON EL IMPUESTO DE BIENES INMUEBLES

El PP está de acuerdo y apoya que todos los ciudadanos, contribuyan a sustentar los servicios públicos y el Impuesto de Bienes Inmuebles ha sido una de las principales causas de desequilibrio en Arucas. Vecinos que reciben servicios y no aportan la cuota que les corresponde, pero no por voluntad propia sino por la ineficacia de la administración. Por ese motivo, y desde hace varios años, todos los gobiernos hemos procurado actualizar el padrón de viviendas.

Con ese objetivo entre otros, gobernando el PP en 2008 cambiamos la gestión tributaria de este Ayuntamiento y pasamos de una empresa privada a otra pública que es Valora Gestión Tributaria, un organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria. Cambio que perseguíamos desde 2004. También, encomendamos a la Sociedad Municipal, la gestión del catastro municipal para incorporar más inmuebles al padrón.

Durante el pasado mes de diciembre, muchos ciudadanos de Arucas han recibido de Valora, documento de liquidación del Impuesto de Bienes Inmuebles de los años 2008, 2009, 2010 y 2011 y como último día de pago el día 20 del presente mes de enero.

La cuestión radica en que han pasado varios años para actualizar el catastro, y lo que no es de recibo, es que ciudadanos que llevan solicitando a las administración pública de forma escrita y verbal que den de alta sus casas en el Catastro, repentinamente se les obligue a pagar en apenas un mes, cuatro años con la posibilidad de fraccionar la totalidad dentro de 2012 y con un coste del 5% de interés.

El PP considera que para muchos ciudadanos es un esfuerzo imposible con la que está cayendo, y seguro habrá muchas familias que quieran, pero no puedan afrontar dichos pagos, además se añade, que en el cercano mes de agosto llegara el IBI correspondiente a este año en curso.
Del estudio que el PP ha realizado de esta actuación puesta en marcha por el grupo de gobierno PSOE, CC y Conaruc comprobamos y advertimos de defecto de forma en el procedimiento hacia los ciudadanos afectados y queremos ponerlo en su conocimiento para su defensa:
.- La ley del catastro inmobiliario establece el derecho del ciudadano a ser informado al inicio de las actuaciones de comprobación o inspección sobre la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que las mismas se desarrollen en los plazos previstos en esta ley.

El PP afirma, que es indispensable como primer paso para poner al cobro las anualidades pendientes, la obligada notificación por parte de la Delegación de Economía y Hacienda de Las Palmas (Gerencia Regional del Catastro de Canarias) del alta catastral.

Un documento, donde figuren todos los datos relacionados con la propiedad, dando un plazo de 1 mes para formular las alegaciones y aportar las pruebas que estime conveniente, período durante el cual podrá consultar el expediente y, en caso de no formular alegaciones o que las realizadas no se estimen procedentes, serán definitivas.

Con las liquidaciones enviadas a los ciudadanos, este gobierno intenta sencillamente tapar su incapacidad de gestión a costa incluso, de incumplir procedimientos reglados que una vez puestos en circulación producen obligaciones jurídicas complejas y que ya están sufriendo los afectados.

Este gobierno, lleva meses diciendo que iba a notificar los retrasos antes de fin de año. Con sus prisas y su afán desproporcionado de recaudación a lo visto, ninguno imaginó las consecuencias de su total falta de respeto hacia los ciudadanos. Para eso no pagan los ciudadanos a quienes gobiernan, todo lo contrario, se muestran desmerecedores de su confianza. El PP entiende que nuestra obligación radica en la defensa del sentido común y ese sentido común, esta muy alejado del gobierno y tremendamente cerca de los vecinos en esta cuestión.

Ante ello el PP exige públicamente y a través de los órganos municipales la adopción de los siguientes acuerdos y compromisos:

1º.- Que el gobierno municipal solicite a la Delegación de Economía y Hacienda de Las Palmas (Gerencia Regional del Catastro de Canarias) la evidencia del requisito indispensable de las notificaciones previas y que las mismas corresponden con los ciudadanos a los que se les ha girado las liquidaciones de pago.

2º.- Que detectadas las incorrecciones que hubieran, se traslade la información a los afectados de forma directa, reiniciando el expediente al completo con las normas establecidas en el Texto Refundido de la Ley del Catastro para evitar así, más molestias a los ciudadanos. Queda claro que de no haber notificación previa, el importe del año 2008 ya no tendrían que abonarlo.

3º.- Que el Ayuntamiento de Arucas en los casos demostrados de defecto de forma y dado que las liquidaciones emitidas de los cuatro años serían nulas, no proceda, una vez notificadas en tiempo y forma, a notificar los años 2009, 2010 y 2011 al mismo tiempo, para evitar a los ciudadanos la obligación de pagarlo en un solo año. De esta forma si el ayuntamiento envía la liquidación del año 2009 en voluntaria a final de 2012, el ciudadano podrá fraccionar el recibo durante un año y así con el resto de anualidades. Evitando la sobrecarga de pagar todo en un año.

4º.- Como medida inmediata, el Ayuntamiento de Arucas a través de la radio municipal, pagina Web y medios de comunicación, advierta a los vecinos que aquellos que no hayan recibido notificación antes de la liquidación de pago, pueden presentar recurso de reposición en las oficinas de Valora.

5º.- Que se depuren responsabilidades de quien corresponda por la situación creada de verdadera indefensión hacia los ciudadanos afectados.
¿Cómo es posible que teniendo una oficina propia de catastro este Ayuntamiento a la que además, se han añadido hace poco tres personas coladas a dedo sin llevarse a cabo ningún tipo de procedimiento selectivo, con todo lo que ello implica, no conozcan ni ellos, ni el gobierno que la sustenta la reglamentación que rige este procedimiento?

La pregunta es ¿Desconocimiento, ignorancia, ansia de recaudar como sea a costa de lo que sea?

Desde el PP entendemos este hecho como una falta de previsión del grupo de gobierno, como una muestra de descoordinación, ya que sólo les ha importado ir en la línea de liquidar antes de fin de año para no perder la recaudación del 2008, pero debieron respetar el derecho que ampara a los vecinos y paralelamente, debían haber buscado una forma razonable de pago de los cuatro años para no angustiar a los ciudadanos.


GRUPO MUNICIPAL POPULAR